CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que traspasa facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar) en puertos, y militariza la educación náutica mercante. Fue enviado al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Con 70 votos a favor, 26 en contra y cuatro abstenciones, fue avalado en lo particular el proyecto que reforma la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y la de Puertos. Los artículos reservados fueron aprobados en sus términos por 61 a favor, 31 en contra y dos abstenciones.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Semar podrá “regular, promover y organizar a la marina mercante, así como establecer los requisitos que deba satisfacer el personal técnico de la marina mercante y conceder las licencias y autorizaciones respectivas”.

Además, la Marina administrará los puertos centralizados y coordinará los de la administración paraestatal.

También coordinará, en los puertos marítimos y fluviales, las actividades marítimas y portuarias, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación.

De igual manera, se faculta a los marinos militares a dirigir la educación náutica mercante y a construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de Marina, y a adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales.

Al presentar el dictamen, el priista Eruviel Ávila, presidente de la comisión de Marina, lo defendió pese a las protestas en semanas anteriores por parte de los marinos mercantes.

“Se trata de fortalecer a una institución clave del Estado mexicano que cuenta con la capacidad, la disciplina, la experiencia para garantizar a la nación el ejercicio cabal de esta autoridad”, dijo Ávila.

Los morenistas señalaron que esta reforma busca acabar con la corrupción en los puertos y citó inspecciones internacionales que concluyeron que la SCT no había cumplido en cuatro décadas sus responsabilidades administrativas en materia de marina mercante y capitanías de puerto.

“A esta incapacidad de funciones administrativas sustanciales y estratégicas, debemos añadir las existentes de complejas y profundas redes de corrupción en detrimento de los ingresos fiscales y tributarios del sector”, argumentó Salomón Jara.

En tanto, el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza resaltó que la reforma es parte de una serie de decisiones de corte autoritario que siguen el camino de la militarización del país.

“Es un error pensar que la participación de las Fuerzas Armadas es garantía de no corrupción, lo acabamos de ver recientemente con el proceso iniciado en Estados Unidos con el exsecretario de Defensa (Salvador Cienfuegos), y otros casos que ya sabemos”.

Añadió: “Por supuesto que tenemos que fortalecer la marina mercante, pero militarizar la educación naval mercante es un error, es tanto como militarizar a la Autónoma Metropolitana, a Chapingo o alguna otra escuela pública. Los marinos mercantes mexicanos son un orgullo y lo hacen con poquísimos recursos”.

En su oportunidad, el panista Julen Rementería, de Veracruz, cuestionó que los militares se encarguen de regular el comercio marítimo, y aseguró que militarizar las aduanas y las escuelas náuticas del país generará problemas estructurales.

“Cuando renuncia el ingeniero Javier Jiménez Espriú (de la SCT), es por esta razón, porque una actividad que es eminentemente comercial, viene a trastocarse. La relación con empresas privadas, que es inherente al comercio internacional, tiene que ser de par a par, de civil a civil”, reclamó Rementeria.

Dante Delgado, coordinador de los emecistas en el Senado, señaló que no comprende la insistente intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de trastocar el equilibrio de poder cívico-militar que le ha dado identidad y cimientos al Estado mexicano.

“Sus persistentes decisiones para militarizar ya no sólo la seguridad sino la administración pública, cediendo espacios de forma inconstitucional a la Fuerza Armada Permanente, contradicen el artículo 129 constitucional”, manifestó.

En tal sentido, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, reprochó que lo que se está aprobando no es únicamente un cambio de adscripción y no sólo es una reforma administrativa, pues la Secretaría de Marina podrá presupuestar y administrar los puertos, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos, y tendrá bajo su responsabilidad la educación náutica mercante.

“Hay una falta hacia el artículo 129 Constitucional, y creo que aquí se ha debatido sobre la interpretación de este artículo, que establece que en tiempos de paz el Ejército no intervendrá en actividades de carácter civil y que sólo podrá hacerlo cuando sea en apoyo o auxilio a las autoridades civiles, sin tener el mando o el control de esas actividades”.

Finalizó: “No encontrarán ninguna democracia consolidada en el mundo en que la Armada sea, en tiempos de paz, quien administre los puertos y todas las actividades marítimas”.