CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tomás Zerón de Lucio promovió un amparo en contra del acuerdo emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), el 8 de septiembre de este año, por el que se concluyó el servicio de seguridad y protección que se le proporcionaba en calidad de exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) denominado E-47. A la fecha, María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, declaró carecer de competencia para conocer el asunto y declinó a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, para resolver el presente juicio de amparo. Zerón de Lucio es buscado a nivel internacional por existir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, todos relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014. Nota relacionada: Tomás Zerón fue ubicado en Israel y se solicitará su detención: AMLO El extitular de la AIC, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), gozaba de 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento. En enero de 2019, la FGR ordenó disminuir a 15 el número de agentes para protegerlo, y a tres el número de vehículos blindados, dos ligeros y una motocicleta, señala Milenio. Sin embargo, el exfuncionario manifestó que existía un acuerdo emitido el 29 de septiembre de 2016 que ordenaba mantener su servicio de escoltas hasta septiembre de 2021. Artículo de opinión: Tomás Zerón: el investigador que debió ser investigado Ante esa situación, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, le otorgó una suspensión definitiva que ordenó restituir al personal asignado para su protección. De acuerdo con el diario, los escoltas le fueron retirados en septiembre pasado, tal y como él lo aseguró en su demanda de garantías. A través de su apoderado legal, Tomás Zerón se amparó y reclamó el acuerdo emitido por la FGR el 8 de septiembre de este año por el que se concluyó el servicio de seguridad y protección.