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Suman 332 defunciones por covid-19 entre la población penitenciaria: Asilegal

En ocho meses de pandemia se han contagiado de coronavirus un total de 3 mil 529 presos, y son 332 los fallecidos por covid-19 en prisiones
miércoles, 11 de noviembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi ocho meses de decretada la alerta sanitaria por la pandemia de covid-19, 3 mil 529 personas privadas de la libertad se han contagiado y suman 332 defunciones entre la población penitenciaria, situación que puede agravarse ante el descenso de temperaturas en los próximos días, alertó Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

La organización que instrumentó el #MapaPenitenciarioCovid19, a través del cual actualiza información sobre la pandemia por estado, destacó que los riesgos de rebrotes en las cárceles están latentes, mientras que los accesos a la información sobre medidas tomadas por autoridades para garantizar la salud de los internos “han sido cada vez más limitados.

De acuerdo al monitoreo de Asilegal, sólo en prisiones de Aguascalientes no se han reportado contagiados por covid-19, por lo que “la pandemia no cede en el sistema penitenciario”, afectando tanto a personas privadas de la libertad como personal penitenciario, con 3 mil 529 infecciones y 332 defunciones.

“Los tres estados con más contagios son la Ciudad de México, con mil 394; seguido de Puebla, con 353, y Jalisco, con 303. En contraste, las entidades con menos contagios son Querétaro (cuatro), Michoacán (tres) y Tlaxcala (tres)”, apuntó Asilegal.

La organización reprochó la opacidad con que han operado algunos estados de la República, “al fallar en hacer una notificación concisa y continua de la evolución de contagios y muertes dentro de sus centros penitenciarios”.

Solicitó información a todas las entidades y prisiones “para conocer qué medidas se han implementado” para evitar la propagación de la enfermedad, y ha revisado la información que periódicamente publica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre contagios y defunciones por el virus en el sistema penitenciario.

La organización expresó su preocupación porque 13 entidades no respondieron las solicitudes de información, “abonando a la opacidad y falta de rendición de cuentas necesarias para la defensa y procuración de las personas privadas de libertad”.

Agregó que los estados que fallaron en responder “albergan el 61.91% de las personas que se han contagiado en privación de libertad: Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Tlascala, Querétaro y Yucatán”.

Al señalar que resulta preocupante la opacidad en la Ciudad de México y Puebla, que tienen los niveles más altos de contagio, la organización recordó que la CNDH ha reiterado la obligación del Estado en garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, no sólo en la atención de la enfermedad, sino en materia de prevención, principios a los que se agrega que “conforme han avanzado los meses, también han descendido las temperaturas en todo el país, por lo que catarros comunes o gripas se convertirán en un móvil de infección y contagio sumamente alarmante”.

Asilegal consideró que “la única vía para hacer un frente efectivo y contundente contra la propagación de contagios y defunciones por el virus es la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal a través de los beneficios preliberacionales, de manera que la sobrepoblación y hacinamiento bajen en todo el país, en el caso de personas sentenciadas”.

Asimismo, exigió que “se revise con atención el innecesario punitivismo y exagerado uso de la prisión preventiva como arma predilecta del sistema judicial en contra de la población”, toda vez que a septiembre 78 mil 329 personas privadas de la libertad están sin sentencia, cifra que equivale a 36.57% de toda la población penitenciaria.

De igual manera, demandó que “se exageren las precauciones a grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres que viven con sus hijas e hijos en reclusión, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, pues su atención es una responsabilidad del Estado, y fallar en otorgarla constituye una falta grave de los derechos humanos de la población privada de libertad”.