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Detienen y vinculan a proceso a empresario ligado a la Estafa Maestra

Luis Antonio Valenciano Zapata es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por recibir 6 millones de pesos de la Sedesol a través de la Universidad Autónoma de Morelos
domingo, 15 de noviembre de 2020 · 22:54

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso de Luis Antonio Valenciano Zapata, identificado como Luis V., involucrado en la llamada Estafa Maestra, trama en la que presuntamente malversó 6 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles Berlanga.

Valenciano  Zapata fue acusado del delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su carácter de socio y administrador único de una empresa inmobiliaria que recibió 6 millones de pesos del presupuesto de la Sedesol en 2014.

De acuerdo a la indagatoria, Valenciano Zapata obtuvo los recursos públicos a través de la simulación de un convenio de coordinación por el que se transfirieron recursos a la Universidad Autónoma de Morelos, entidad que subcontrató servicios motivo de la indagatoria.

La FGR detalló que el pasado 31 de octubre, el Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México, con sede en el Altiplano, libró una orden de aprehensión en contra de Luis “V” por los delitos mencionados, siendo ejecutada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 8 de noviembre por elementos de la Policía Federal Ministerial.

“El 14 de noviembre de 2020, en continuación de audiencia inicial celebrada a través de videoconferencia, el juez de Distrito en funciones de Juez de Control de Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, resolvió vincularlo a proceso por los delitos citados anteriormente, rectificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Luis “V” fue recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Social “1”, con sede en el Estado de México “Altiplano”, mientras que el juez de control otorgó “un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria”.

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