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Senado aprueba Ley Nieto con modificaciones; regresa a la Cámara de Diputados

El Senado aprobó la llamada Ley Nieto con la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.
jueves, 19 de noviembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado aprobó la llamada Ley Nieto con la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.

Con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno de la Cámara Alta avaló con modificaciones el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, por lo que será devuelta a la colegisladora para su discusión.

La Ley Nieto, conocida así por el titular de la UIF, Santiago Nieto, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“El bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios con motivo de causas nacionales es completamente constitucional cuando responde al cumplimiento de los procedimientos administrativos emprendidos por la SHCP y la UIF, que tienen por objeto el prevenir o interrumpir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional o el sistema financiero”, argumenta el Senado en el dictamen.

Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán solicitar audiencia dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas.

La reforma establece que será la entidad financiera y no la Unidad de Inteligencia Financiera la que hará del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas.

La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios legislativos Segunda, señaló que la medida tiene por objeto prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación en la comisión de los delitos relativos a terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre su constitucionalidad, concluyendo que se trata de un acto de molestia no privativo, de carácter temporal o provisional que no implica la confiscación de las cuentas bancarias, sino únicamente suspende de manera provisional la realización de operaciones.

“La Corte concluye que el mecanismo en cuestión es constitucional, acorde con los principios de legalidad y seguridad jurídica, pero advierte que esto es así, siempre y cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas no tenga un origen estrictamente nacional, pues en dicho caso tendría que establecer la relación con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, a fin de no contrariar el principio de seguridad jurídica”, dijo la morenista.

Añadió: “Armonizaremos la legislación con los criterios jurisprudenciales en la materia, asegurando la constitucionalidad de la medida. Con base en ello, reitero que la reforma que hoy se propone aprobar es plenamente válida, pues colma cada uno de los requisitos que exige un test de constitucionalidad, toda vez que en primer lugar percibe un fin legítimo incuestionable, que es la seguridad del Sistema Financiero Nacional”.

En contra del dictamen, el senador panista Damián Zepeda manifestó que se está dando facultades a Hacienda, “que es un subordinado del presidente de la República, que no es autoridad judicial, para detener propiedades de una persona sin un control judicial”. “

El Poder Ejecutivo, por más noble que lo sea, vamos a suponer, partiendo de la base que creen que está actuando de manera correcta, no es juez; los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien, no le corresponde al Ejecutivo decir que hay culpabilidad”, argumentó.

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