CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó con 464 votos a favor, cero en contra y una abstención, fortalecer las órdenes de protección a favor de las mujeres cuya vida o integridad estén en peligro.

El dictamen que modifica y adiciona diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se devolvió al Senado para su revisión.

Al fundamentar el documento, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, de Morena, explicó que las órdenes de protección son de urgente aplicación, fundamentalmente precautorias y cautelares.

Deberán, dijo, otorgarse de oficio o a petición de parte por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales competentes.

Lo anterior, agregó, en el momento en el que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

Subrayó que el propósito fundamental de estas modificaciones reside en agilizar los mecanismos que permitan a las víctimas resguardar su vida e integridad desde el momento en que ocurre el hecho violento.

Detalló que las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días prorrogables por 30 días más o el tiempo que dure la investigación o ampliarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.

Además, serán expedidas de manera inmediata o a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Briceño Zuloaga precisó que las autoridades evitarán cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud, pudiendo iniciarse en lugar distinto a donde ocurrieron los hechos.

Para cumplir con lo anterior, habrá convenios de colaboración entre instancias públicas, a fin de garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas.

Las mujeres que sufren de violencia podrán contar con custodia personal y domiciliaria; alojamiento temporal en espacios seguros; casas de emergencia, refugios y albergues.

Además, se les deberá proporcionar los recursos económicos para garantizar la seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requieran.

Sostuvo que el dictamen enfatiza que por ninguna circunstancia las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional notificarán de sus actuaciones a la persona agresora a través de la víctima.