CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la falta de respuesta a una solicitud de audiencia con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, familiares de víctimas de homicidio y violencia sexual, originarias de San Luis Potosí, ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde permanecen desde la 10 de la mañana de este viernes.

Luego de trepar por las rejas del inmueble que dan a la calle Abraham González, la señora Silvia Castillo, cuyo hijo Alan fue asesinado, y Roberto Carlos Cuello, padre de una niña abusada sexualmente, permanecen en un balcón del edificio, custodiados por policías y bomberos capitalinos, en espera de ser atendidos.

Fuera del edificio, cerca del balcón, Marcela Alemán Delgado, esposa de Cuello, informó en entrevista con este medio que desde ayer buscan una entrevista con Encinas, “pero nadie nos da respuesta, sólo se burlan de nosotros”.

La madre de Lía, una pequeña que fue abusada sexualmente hace tres años, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a escuchar a las víctimas y sus familiares.

“Yo voté por el presidente López Obrador, creí en él, en que iba a ayudar a las víctimas, aún tengo confianza en que lo haga, que nos ayude en nuestra lucha por encontrar justicia”, agregó.

En septiembre pasado, las familias de las víctimas participaron en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH), en la calle República de Cuba, pero abandonaron la sede tras acordar con el organismo el seguimiento a su petición para vincular a proceso a los presuntos responsables de los delitos cometidos contra sus hijos.

Alemán Delgado contó que en la víspera las dos familias hicieron un plantón en avenida Reforma y hoy decidieron ingresar a la Segob ante la negativa para ser atendidos.

“Queremos que el licenciado Encinas nos escuche, que sepa de nuestra exigencia de justicia, que hemos tenido que desplazarnos de nuestro estado, que perdimos todo, casa, negocio, que hemos sido amenazados por buscar justicia y que sólo hemos recibido burlas”, subrayó.

La madre de la niña Lía explicó que, como parte de los compromisos a los que se llegó en septiembre, para que ambas familias dejaran las instalaciones de la CNDH, el organismo daría apoyo jurídico para vincular a proceso a los presuntos responsables; apoyos económicos para poder solventar el desplazamiento forzado, así como medidas de protección ante las amenazas que han sufrido en su exigencia de justicia.

Dijo que la CNDH ha enviado documentación a la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí, “pero ni siquiera les responden, con eso de que dicen que son autónomos no hacen caso, y las personas que le hicieron daño a mi bebé siguen libres, riéndose de nosotros”.

También mencionó que ante la solicitud de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienda su caso y puedan tener acceso a apoyos económicos emergentes, “nos hicieron llenar formatos, pero hasta ahora no tenemos una resolución positiva, y ya no podemos sobrevivir en esta ciudad, ni siquiera podemos rentar un lugar dónde quedarnos, mis hijas ya se desmayan de hambre”.

Marcela Alemán advirtió que su esposo y la señora Silvia Castillo no van a dejar las instalaciones de la Segob hasta ser atendidos.

“Están bajo el rayo del sol, apenas les pasé un poco de agua; mi esposo tuvo que orinarse en una bolsa de plástico frente a un bombero y un policía, y doña Silvia también tuvo que orinarse frente a ellos, pero estamos decididos a no movernos hasta que nos escuchen”, apuntó la mujer.