WASHINGTON (proceso.com.mx).– El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobada por el Senado, que limita y controla el papel de los agentes federales estadunidenses que operan en el territorio mexicano.

En un escueto pero concreto comunicado de prensa, William Barr, el procurador general de Justicia de Estados Unidos, indicó que la legislación mexicana dificultaría la cooperación binacional.

“Estamos preocupados por la legislación presentada ante el Congreso de México, la que tendría el efecto de hacer más difícil la cooperación entre nuestros países”, destaca la declaración por escrito del Procurador de Justicia en la todavía presidencia estadunidense de Donald Trump.

El proyecto de ley de AMLO, que tras ser aprobado en el Senado se turnó a la Cámara de Diputados, cambia el estatus de libertad que tenían los agentes de todas las dependencias federales estadunidenses que operan en México como la DEA, FBI, CIA, CBP, ICE, ATF, etcétera.

De convertirse en ley, elimina la inmunidad diplomática de dichos agentes, los obliga a entregar informes al gobierno mexicano sobre sus actividades, los limita a realizar operativos sólo si son conjuntos, y a portar armas sólo si éstas son aprobadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Esto hará menos seguros a los ciudadanos de México y Estados Unidos. La aprobación de esta legislación puede beneficiar únicamente a las violentas organizaciones criminales transnacionales y a otros delincuentes que combatimos de manera conjunta”, enfatiza Barr.

La decisión del presidente López Obrador de limitar el proceder de los agentes federales estadunidenses derivó de que la Administración Federal Antidrogas (DEA) estadunidense, ocultó por más de una década una investigación a la que bautizó como Operación Padrino.

Dicha pesquisa realizada en México tuvo como objetivo desmenuzar la presunta colaboración entre el general ahora en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros mandos militares, con el narcotráfico.

Por medio de la Operación Padrino, el pasado 15 de octubre y sin informar el respecto al gobierno de México, agentes federales estadunidenses detuvieron a Cienfuegos Zepeda a su arribó al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles.

Tras su detención, el Departamento de Justicia acusó formalmente al extitular de la Sedena de narcotráfico y lavado de dinero en colusión con una fracción en Nayarit de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, a la que la DEA identificó como Cártel H-2.

Cienfuegos Zepeda fue extraditado del estado de California al de Nueva York para enfrentar el proceso judicial en su contra ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, en un caso turnado al juez Brian Cogan.

El amago de México

Ante la falta de información de Operación Padrino y del expediente judicial que ya había elaborado la DEA en contra de Cienfuegos Zepeda, el gobierno de AMLO reaccionó ante el mismo Barr con la amenaza de expulsar a los 54 agentes de la DEA que operan en México.

“Como siempre, nuestra cooperación ocurre dentro de un marco de larga historia diseñado para confrontar y compartir juntos los retos, es por eso que, por ejemplo, Estados Unidos recientemente regreso a México al secretario Cienfuegos para permitirle que fuera investigado allá”, expone el procurador Barr en el comunicado de prensa.

Ante la amenaza de México sobre los agentes de la DEA, el Departamento de Justicia se vio acorralado y, en una audiencia celebrada el pasado 19 de noviembre en la Corte de Brooklyn, retiró los cargos a Cienfuegos Zepeda, lo cual avaló el juez Cogan a la par de la repatriación del general, que ese mismo día por la noche regresó a territorio mexicano donde fue puesto en libertad.

Proceso fue el primer y único medio que antes de que fuera acusado formalmente el general Cienfuegos Zepeda, develó la existencia de Operación Padrino y también en publicar que aún con la repatriación del general, el gobierno de AMLO restringiría el rol y estatus de los agentes federales estadunidenses que operan en México.

“El Departamento de Justicia está comprometido a trabajar con el gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a ambas naciones”, agregó Barr.

El control de las agencias estadunidenses que operan en territorio mexicano no será la única nueva directriz en la cooperación bilateral del combate al narcotráfico y crimen organizado.

México buscará extraditar a narcotraficantes estadunidenses

Tal y como también Proceso lo adelantó, una vez que inicie el 20 de enero de 2021 la nueva presidencia de Estados Unidos, que encabezará Joe Biden, se notificará a su Departamento de Justicia de los nuevos ajustes.

De entre las nuevas medidas se destacará el que una vez que la misma DEA, de manera oficial reconoce que en Estados Unidos ya operan sus propios cárteles del narcotráfico a los que llama “cárteles domésticos”, México pedirá la extradición de dichos criminales.

Como parte de la nueva estructura de combate bilateral al narcotráfico, el gobierno de AMLO solicitará a Washington la entrega de narcotraficantes y traficantes de armas estadunidenses para ser procesados por esos delitos ante la justicia mexicana.

Los 54 agentes de la DEA que operan en México con inmunidad diplomática y portando armas en tácita violación de las leyes nacionales, gozaron una total libertad bajo la presidencia de Felipe Calderón.

Presionado por el gobierno estadunidense y tras aceptar con la firma de un memorando de entendimiento la llamada Iniciativa Mérida, el gobierno de Calderón no solamente consintió a los agentes de la DEA.

Igual reportado en exclusiva por Proceso, se desveló la acción que en secreto tomó Calderón escudado por la Iniciativa Mérida, de aprobar la presencia de todas las agencias de inteligencia (espionaje) y aplicación de la ley en lo que se llamó Oficina Bilateral de Inteligencia (OBI).