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Gobierno de AMLO respalda ante la CIDH versión de Calderón sobre el caso Ernestina Ascencio

El gobierno de López Obrador también descartó que el Ejército tuviera responsabilidad en la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario en febrero de 2007
viernes, 4 de diciembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respaldó la versión oficial sostenida por Felipe Calderón sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, que descarta la responsabilidad de miembros del Ejército mexicano en la muerte de la indígena, ocurrida en febrero de 2007.

En representación del Estado mexicano, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés, descartó que en el caso de Ascencio Rosario se hayan cometido violaciones a los derechos humanos, como afirmaron el encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, y el comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Daniel Pereyra.

El caso promovido por organizaciones civiles ante la CIDH busca el esclarecimiento de las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, quien, en una primera autopsia tras su muerte, en febrero de 2007, fue clasificada como víctima de violación sexual, hechos atribuidos a miembros del Ejército mexicano.

Al pronunciarse sobre los hechos, el entonces presidente Felipe Calderón aseguró que la causa de muerte de la mujer indígena fue una “gastritis crónica no atendida”, versión que fue respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una recomendación, al promover una exhumación y una segunda necropsia. El organismo, entonces encabezado por José Luis Soberanes, solicitó sanciones para los peritos que en un primer momento declararon que la señora había sido violentada sexualmente por al menos tres hombres.

Durante la audiencia presidida por la comisionada Antonia Herrejón, Carmen Herrera García, de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), explicó la estrategia que llevó a cabo el gobierno de Fidel Herrera para “aislar” a los familiares directos de Ernestina, así como los posteriores obstáculos para acceder a la información sobre sus causas de muerte.

Entre las estrategias, la abogada calificó como “perverso” que el gobierno local sacara a la familia de Ernestina de Veracruz, para llevarla a la Basílica de Guadalupe, convirtiendo una invitación por dos días en 20, lo que impidió que pudieran impugnar la resolución de cierre de la investigación por violación de parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

Trece años después de la muerte de Ernestina Ascencio, que alertó sobre las consecuencias del despliegue del Ejército en zonas indígenas en funciones de seguridad pública, las autoridades de Veracruz respaldaron las conclusiones de la entonces Procuraduría, así como la negativa a transparentar la información sobre las causas de muerte de la mujer.

Tras una errática participación del titular del IVAI, que retrasó por varios minutos la audiencia, al no escucharse su voz, Ballinas, en representación del Estado, señaló que en materia de investigaciones se realizaron “todas las diligencias para esclarecer su muerte (de Ernestina Ascencio) y con el apoyo de investigaciones de la CNDH se corrigieron los peritajes”, en tanto que sobre el acceso a la información, las restricciones observadas tienen “fundamento legal, por lo que no acreditan violaciones a los derechos humanos”.

Ante la respuesta de Ballinas, la abogada Carmen Herrera lamentó que el Estado mexicano acudiera a confirmar “la verdad histórica, construida para mantener la impunidad y la opacidad”, versión que se mantuvo durante las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto, durante el litigio ante la CIDH, instancia en la que también han sido “deslegitimadas de manera reiterada”. Subrayó: “No esperábamos que volvieran a decirla”.

Ante preguntas de las comisionadas Esmeralda Arosemena, Julissa Mantilla y Margarette May Macaulay, sobre la situación de los peritos que determinaron la violación sexual y respecto de los familiares de Ernestina, Carmen Herrera sostuvo que “fueron sancionados los peritos que dijeron la verdad”, en tanto que los familiares directos fueron aislados de la comunidad por una estrategia gubernamental, y apenas se han acercado a las organizaciones que llevaron el caso ante la CIDH.

“Los familiares son víctimas de la maquinaria del Estado para que haya impunidad, en este caso para que no se investigue al Ejército (…) Familia aislada sin voluntad ni fuerza para exigir justicia”, soltó Herrera García, y aseguró que durante el periodo en que ocurrieron los hechos hubo más casos similares que serán remitidos a la CIDH.

Al señalar que después de años de aislamiento las organizaciones peticionarias lograron establecer contacto con la familia de Ernestina y obtener su anuencia para continuar el litigio ante la CIDH, la abogada pidió el pronto pronunciamiento de los comisionados.

Antonia Herrejón informó que las partes tienen hasta el próximo 3 de enero para entregar información sobre los cuestionamientos formulados por las comisionadas y el relator sobre Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, respecto de la participación de la CNDH en el caso; sobre los procesos administrativos y penales contra los peritos; sobre el momento procesal en que se emitieron las declaraciones de Felipe Calderón; sobre el argumento de resguardo de la “reputación” de la víctima para hacer pública la información en torno a las causas de su muerte; y sobre la atención médica a las mujeres en comunidades indígenas.

Asimismo, se solicitaron la bitácora de las actividades del Batallón 63, al que pertenecían los presuntos responsables; las quejas ante la CNDH contra ese batallón; programas de capacitación para las fuerzas armadas en materia de género, interculturalidad e interseccionalidad; estadísticas de los casos de violencia sexual cometidas por militares considerando zonas geográficas; recomendaciones de la CNDH por violencia sexual, cuyos responsables hayan sido miembros de las fuerzas armadas; participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la sanción de responsables de estos delitos, así como la contratación de intérpretes por parte de esa dependencia durante sus despliegues en zonas indígenas.

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