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Denuncian ante FGR a titulares del IMSS y Ssa por discriminación a paciente de VIH

Las autoridades sanitarias fueron acusadas de omisión en el suministro de antirretrovirales por el caso de Marcos Uriel, víctima también de negligencia.
lunes, 7 de diciembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, fueron demandados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por discriminación y por la omisión en el suministro de antirretrovirales indispensables para las personas que padecen VIH.

El primero, como titular de la dependencia es el encargado de su distribución; el segundo, de distribuir y garantizar un sistema de salud de calidad para todos derechohabientes.

“Marcos se encuentra en estos en calidad de grave en peligro de muerte, con una colostomía, con exposición del hígado, con un absceso interno y pérdida de sangre, ante la negligencia de las autoridades de la clínica 181 y la 71, ambas del IMSS en Chalco, Estado de México, en donde le negaron el suministro oportuno de los retrovirales. Lo discriminaron por tener VIH y sus preferencias sexuales”, afirma Maritza Hernández, su hermana.

Marcos Uriel se realizó la prueba de VIH en el Capasit Chalco del Edomex, el pasado día 6 de noviembre. Presentaba fiebre, diarrea, dolor abdominal. Salió positivo. De inmediato le practicaron dos más para confirmar, que también dieron positivo.

Alex, su pareja sentimental, narra:

“Ante ello, al día siguiente acudimos a la clínica 181 del IMSS Valle de Chalco, en donde le dicen que tiene síntomas de influenza y lo envían al área respiratoria suministrándole antibiótico, paracetamol e ibuprofeno”.

“Al siguiente día regresamos a la misma clínica debido a que continuaba con dolor abdominal muy fuerte y seguía inflando el estómago, a lo cual, la institución le manda una prueba de covid 19, a pesar de que este síntoma era ajeno a la pandemia”, señala en entrevista con Apro.

Ante ello, la persona encargada del enlace a infectología, el mismo Marco Uriel le indicó que el día 6 acudieron a Capasit a realizarle la prueba de VIH y resultó positiva. A pesar de ello, la encargada le respondió que aun así tenía que esperar 15 días porque según ella eran síntomas de covid, por lo que Marcos fue llevado a su casa.

Capasit, explica, es un centro de atención de personas con VIH del Edomex, centro especial donde hacen pruebas, laboratorio, campañas.

Una vez en casa, seguía creciendo el dolor abdominal y la inflamación de su estómago. Por ello, el 16 de noviembre lo llevaron a la clínica del IMSS, pero esta vez a la 71 del IMSS de Chalco, en donde él mismo notificó que en el Capasit Chalco le practicaron una prueba de VIH y era positivo. Ante ello, personal de trabajo social le pregunta si su pareja es hombre o mujer, a lo  que él contestó que hombre.

Sin embargo, en el expediente consignaron “pareja homosexual”, lo cual es ilegal, pues debe de ser “relación entre personas del mismo sexo”, señala.

En la clínica 71 le envían a Rayos X, por lo que determinan que tiene reventado “el ciego” -una parte del intestino que al reventarse provoca una peritonitis-. Ese mismo día lo ingresan al área de urgencias para practicarle la  cirugía y le realizan una coleostomía, o sea, le habilitan una bolsa para que pueda hacer del baño.

A los dos días siguientes, el día 18, le practican la prueba de CD4, para determinar su carga viral y le notifican a la familia que Marcos Uriel tiene que pasar al área de infectología a tonar los retrovirales. Sin embargo, nunca se los suministran, argumentando que tenía que esperar de 20 días a un mes, porque se estaban tardando los resultados de los estudios del CD4, lo cual era falso porque la familia pudo tener acceso a éstos ese mismo día.

Envían a los familiares a sacar cita a infectología para que pueda tener los retrovirales, pero al llegar, les dicen que la cita más cercana tardaría 15 días, lo cual es indebido, pues tenía que ser inmediato, puesto que ya habían logrado rescatar los resultados de los estudios.

Días después, el día 24 de noviembre lo dan de alta. Esa semana que estuvo en casa y sin retrovirales lo ataca una infección conocida como “oportunista” –llamada así debido a que una persona con VIH tiene defensas bajas y es más propenso a que cualquier virus llegue a su sistema-.

Sin embargo, el 29 de noviembre, Marcos Uriel reingresa de nuevo a la clínica 71 al área de urgencias. En esta ocasión, ya presentaba un cuadro de anemia, dos puntos desprendidos de la herida de la cirugía y por lo tanto, infección de la herida de la cirugía.

Reingresa el día 29 de noviembre por la noche; sin embargo, lo dejaron en sala de espera sentado en un silla de metal durante un día y medio, argumentado que no había camas disponibles. A los dos días le asignan cama, le ponen medicamentos: nuevamente antibiótico y suero. Los retrovirales seguían sin aplicárselos, debido a que no contaban con los estudios CD4, que tenían desde el primer día.

El 5 de diciembre lo sometieron a otra cirugía porque le detectaron un absceso hepático, le quitaron parte de su hígado y lo drenaron. Sin embargo, el drenado no fue el indicado debido a su condición vulnerable.

Antes de la cirugía, el procedimiento indicado era canalizarlo con la infectóloga para el suministro de los retrovirales para subir sus defensas y disminuir cualquier posibilidad de una infección “oportunista”, pero de nuevo, no fue así.

Al salir de la cirugía permaneció en observación hasta el día 6 de diciembre. Ese día, el medico indicó a la familia de Marcos Uriel que ya no se podía hacer nada en el hospital 71 del IMSS, que tenían que buscar un hospital de tercer nivel.

“Lo tienen sufriendo porque Marcos está intubado, y una persona que está intubada debe de estar sedada. Él está consciente y sufre por el dolor. Además lo tienen con la herida abierta y parte del hígado expuesto para que puedan seguir drenándolo”, expone su pareja.

La familia acudió al hospital La Raza, allí les indicaron que lo aceptan y que están en espera de su llegada. “Solo que la clínica 71 ha sido negligente el traslado”, asegura Andrea Rocha, abogada que lleva la denuncia.

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