CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alertó sobre el retroceso en la legislación en materia de búsqueda de personas, luego de la propuesta que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Senado de la República para eludir su responsabilidad. 

La CNB exigió desechar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la FGR y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y dar paso a un parlamento abierto en el que los familiares de las víctimas de desaparición participen.

La iniciativa presentada al Senado de la República, apuntó, “implica un retroceso en la administración de justicia, la negación de los derechos de verdad, justicia y reparación, así como un rechazo a la colaboración institucional y un incorrecto entendimiento de lo que significa la autonomía” de la FGR en un Estado de Derecho.
     
En un pronunciamiento detalló que a través de derogaciones y cambios en los artículos 4, 24 y 68 de la legislación en materia de desaparición, la propuesta de la FGR excluye a la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), elimina los supuestos en los que tendría que intervenir y modifica la obligación de la coordinación entre instituciones para buscar a personas desaparecidas. 

“Estas propuestas implican la negación del derecho a toda persona a ser buscada y pretenden sustraer a la FGR de las obligaciones constitucionales, convencionales y legales en la búsqueda de personas desaparecidas. Además, tendría como consecuencia el desconocimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda, construido con las familias de personas desaparecidas, sociedad civil y comunidad internacional, en el que se determinan con claridad las obligaciones de todas las autoridades --incluida la FGR-- en la búsqueda de personas desaparecidas y la obligación de coordinación entre las mismas”.

De acuerdo con la CNB, la propuesta ante el Senado “equivale a reducir masivamente los recursos, métodos y mecanismos disponibles para dar con el paradero de decenas de miles de personas desaparecidas”, sin contar con que “pretende imponer mecanismos de subordinación” de distintas instituciones, entre ellas la CNB a la FGR, “imponiendo sanciones administrativas y penales ante el desacato de dicha subordinación”.

De igual manera, cuestionó que, con las modificaciones a la Ley Orgánica, la FGR “plantea el regreso a una institución vertical y rígida que fragmenta las investigaciones, impide la realización de análisis contextuales, desconoce la importancia de la atracción de casos de alto impacto, trascendencia y relevancia, y la relación con las instituciones internacionales”.

Recordó la relación ominosa de más más de 79 mil 600 personas desaparecidas, más de 4 mil fosas clandestinas con decenas de miles de cuerpos sin identificar y apenas 35 sentencias condenatorias en primera instancia por desaparición forzada de personas y por particulares, mientras persisten decenas de miles de carpetas de investigación abiertas.

Consideró que la autonomía constitucional de la FGR “debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar a cabo los casos antes tribunales y no como una fórmula para evitar la coordinación y rendición de cuentas, disociándose del resto del Estado”.
 
Ante la pretensión de la FGR de eludir su responsabilidad en la búsqueda de personas desaparecidas, la CNB urgió a “dotar de herramientas legales a las comisiones de búsqueda para incrementar la capacidad y garantizar la eficacia procesal de la información recibida sobre las personas desaparecidas, así como lo indicios recolectados en los lugares de hallazgos”, además de tener acceso a geolocalización, cateos, sábanas de llamadas y videograbaciones, entre otros.

Asimismo, estimó necesario instrumentar un “sistema nacional de servicios periciales y forenses independiente de las fiscalías y tribunales de justicia, para hacer frente de manera sistemática a la crisis forense”, así como modificar el modelo de competencia “exclusiva de las fiscalías en materia de investigación criminal para habilitar a las distintas instituciones estatales capaces de detectar hechos delictivos, multiplicando así las capacidades del Estado para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia”.

También planteó aprovechar la actual Ley Orgánica de la FGR para establecer “modelos de gestión y coordinación institucional entre esa dependencia, fiscalías estatales y demás instituciones de la administración pública federal --como las comisiones de búsqueda--, que garanticen un abordaje integral de casos complejos, evitando la fragmentación de información y atomización de capacidades para el esclarecimiento de los hechos y persecución penal de las personas responsables”.

La CNB demandó replantear “el modelo de competencias en materia de seguridad, investigación y persecución penal, para que la FGR pueda enfocar sus recursos en los casos de alto impacto, trascendencia y relevancia”.

Ante las desapariciones, insistió, “lo que se esperaría es buscar reformas integrales con la participación ciudadana y de las demás instituciones del Estado mexicano para atender esta crisis y no para fragmentar aún más su abordaje”, por lo que lo que se exige “un diálogo abierto y respetuoso que permita articular los esfuerzos y capacidades del Estado para garantizar los derechos de las personas y dar resultados concretos a favor de las víctimas”.