CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo el mando de Rosario Robles, quien se encuentra procesada por su participación en la llamada “estafa maestra”, dejó un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 52 millones de pesos, derivados de la realización del  proyecto “Consolidación de los procesos de activación y organización ciudadana en el uso, cuidado y aprovechamiento del espacio público”. La mitad de esos recursos pararon en empresas fantasmas. Para llevar a cabo dicho programa, la Sedatu firmó un convenio con la asociación civil Actividades Creativas para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (ACPVI), que a decir de la Sedatu: “Cuenta con la capacidad jurídica suficiente para participar en el proyecto: asimismo, que cuenta con la experiencia de haber realizado acciones sociales en calidad de instancia ejecutora en el marco del Programa de Infraestructura, ya que en 2016 celebró un convenio de concertación con la Sedatu, demostrando el cumplimiento de sus compromisos”. Cuando la ASF indagó sobre el proyecto, la asociación civil le presentó un documento sin título, ni fecha de elaboración o fecha de acuse de recepción, signado por su Apoderado Legal, documento que hace referencia al proyecto “Espacio Vivo 2018”, el cual, en su contenido y descripción, no coincide con el proyecto "Consolidación de los procesos de activación y organización ciudadana en el uso, cuidado y aprovechamiento del espacio público". Es decir, por el cual la Sedatu le transfirió recursos públicos federales por 52 millones de pesos, al amparo del “Acuerdo PINFRA/1SORD/05/2018”. De hecho, los dos proyectos difieren en cuanto contenido y planteamiento de los servicios a ejecutar. En la trama financiera, la Sedatu entregó los 52 millones de pesos a ACPVI mediante tres Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), con cargo a la partida presupuestal 43101 "Subsidios a la Producción" en relación con el Programa Presupuestario S273, “Programa de Infraestructura" para la Vertiente de Espacios Públicos y participación comunitaria. https://www.proceso.com.mx/618872/sedatu-cusaem

Transferencias

A partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a la ASF; y del análisis realizado se detectó lo siguiente: El día 16 de enero de 2018, la Tesorería de la Federación (Tesofe) realizó una transferencia a la cuenta bancaria de la institución financiera BBVA Bancomer, por un monto de 26 millones de pesos; de igual forma, el día 24 de abril de 2018, la Tesofe realizó una segunda transferencia por un monto de 15 millones 600 mil pesos pesos. La cuenta a la cual la Tesofe realizó ambos depósitos se encuentra a nombre de ACPVI; las antes referidas transferencias corresponden al anticipo y a la segunda aportación para la ejecución de los servicios (acciones) del convenio de concertación del 11 de enero de 2018. “Cabe señalar que, en cuanto los recursos públicos federales ingresaron a dicha cuenta, fueron sujetos a descuentos por comisiones por concepto de ‘saldo de inferior al mínimo’, quedando una cantidad de 41 millones 589 mil pesos; comprobándose que dichos recursos se transfirieron a otra cuenta bancaria a nombre de dicha asociación civil, de la institución financiera Scotiabank Inverlat”, acotó la ASF. Asimismo, se observó que en esta última cuenta, la Sedatu transfirió recursos públicos federales por 10 millones 400 mil pesos, que ampara la tercera aportación; por lo que la asociación civil ACPVI recibió en 2018, por parte de la Sedatu, transferencias por un total de 52 millones de pesos correspondientes a recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018. De lo anterior, se comprobó que, sin causa justificada, una vez que ACPVI, recibió el anticipo de la dependencia por 26 millones de pesos; sin obrar ninguna documentación justificativa o comprobatoria al respecto, los transfirió a la cuenta bancaria a nombre de Sedatu espacios públicos; pero no acreditó documentalmente el uso de los recursos para los fines que fueron destinados.

Empresas fantasma

Aunado a lo antes observado se comprobó que los 26 millones restantes que ACPVI recibió de parte de la Sedatu, los transfirió a las empresas fantasma Servicios Integrales Kade S.A. de C.V. que recibió ocho millones 182.8 mil pesos; Impulso Empresarial Becka S.A. de C.V. que captó nueve millones 578 mil pesos ; mientras que los restantes ocho millones 238 mil pesos fueron transferidos a Comercializadora de Materiales Hospitalarios Goes S.A. DE C.V. “Se tiene como no localizadas a las personas morales antes señaladas, motivo por el cual no fueron notificados los oficios de solicitud de documentación e información; en consecuencia, no se comprobó que los recursos públicos federales recibidos por dichas personas morales se aplicaron para el objeto que fueron destinados, ni que los servicios respectivos fueron ejecutados”, sentenció la ASF. Derivado de la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-0-15100-23-0209-2019 209-DS, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes. Y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no cumplieron con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2018. “Lo anterior, toda vez, que no se observaron los criterios de priorización, requisitos de elegibilidad, de solicitud y aprobación de proyectos; así como tampoco llevaron a cabo el seguimiento y control de los avances y resultados de las acciones, objeto de los convenios y contratos celebrados, ni dieron seguimiento a la ejecución y ejercicio de los recursos públicos ministrados ya que no acreditaron la realización de los trabajos convenidos y/o contratados”.