CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La posibilidad de que un policía sea asesinado en el país es cuatro veces mayor a la de cualquier persona, informó la organización Causa en Común, y precisó que en los últimos dos años fueron ejecutados 953 uniformados, 55 de ellos sólo en enero pasado. Al presentar el informe titulado “Policías asesinados”, David Blanc, investigador de la organización, destacó que al menos un elemento es abatido cada día desde 2018, año en el que se registraron 452 de estos casos y cuyas cifras son superiores a las de 2019, con 446 bajas. Del total de oficiales asesinados, detalló, 482 eran municipales, 413 estatales y 58 federales. Además, la tasa de mortalidad en este sector, de 115.8 por cada 100 mil oficiales, es cuatro veces superior al promedio nacional de 31.1 por cada 100 mil habitantes. Según el informe, Guanajuato es el estado con más policías asesinados --66 en 2018, 73 un año después y nueve en el primer mes de 2020--, seguido por Guerrero, con 70 casos en total, y Chihuahua con 68. La directora de la organización, María Elena Morera, lamentó que a las condiciones laborales abusivas, los presupuestos insuficientes y mal ejercidos, y la carencia de desarrollo entre los policías, se sumen el desprecio social y los elevados índices de asesinatos en su contra. También deploró que en un país donde asesinan a más de 100 personas por día, la muerte violenta de un oficial pase desapercibida para la sociedad y sobre todo para el Estado, que no garantiza la justicia y permite la impunidad. “El mensaje que terminan mandando los políticos de este país, tanto estatales como federales y municipales, es criminal. Matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias”, apuntó. Morera también dijo que ninguna entidad de gobierno realiza un conteo o seguimiento oficial de los policías asesinados y tampoco de los que han desaparecido, por lo que es muy difícil para las familias obtener la indemnización correspondiente. Por ello, consideró fundamental mejorar los salarios de los uniformados, que oscilan entre los 10 mil pesos mensuales, y dotarlos de equipos suficientes y necesarios, además de indemnizar a los familiares de los policías abatidos, así como investigar y castigar a los responsables para que no haya impunidad. Finalmente reprochó que, pese a ser el estado más violento para los policías, Guanajuato haya sufrido en 2020 una disminución de 3% en los recursos federales destinados a seguridad.