CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reservó por cinco años una serie de estudios clave sobre el Tren Maya que encargó a la empresa Steer Davies & Gleave. Su divulgación podría generar “especulaciones con respecto al funcionamiento del Tren Maya” o incluso a “la viabilidad del proyecto”, ya que sus datos podrían contrastar con la información oficial sobre el megaproyecto, justificó. En respuesta a una de las diversas solicitudes de información que Apro envió a la dependencia para consultar el documento, planteó que los estudios “contienen información relativa a la estimación de demanda del Tren Maya, misma que, hasta no estar en funcionamiento el proyecto, no se tendrá de forma definitiva ese dato, el cual puede ser susceptible de variaciones”. En el contrato C-TM-003/2019, el Fonatur pidió a Steer Davies & Gleave que realice, entre otros, una estimación sobre la oferta y la demanda en torno al Tren Maya, que incluyó una “estimación del comportamiento futuro” de los turistas, la “demanda que puede ser captada por el Tren Maya” o la “demanda potencial generada por los Polos de Desarrollo”, así como la demanda potencial de carga. A su vez, la dependencia utilizó esa “estimación de demanda” en sus cálculos para medir la rentabilidad del Tren Maya, y el pasado 8 de enero difundió un informe donde aseguró que el megaproyecto representaría un Valor Presente Neto de beneficios por 206 mil 600 millones de pesos, calculado de la siguiente manera: el tren costaría 146 mil millones de pesos, generaría ingresos por 161 mil millones y provocaría una derrama económica de 181 mil millones de pesos adicionales en materia de turismo y productividad en la región. Durante una sesión celebrada ayer, el Comité de Transparencia de la dependencia que dirige Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, también justificó el ocultamiento de los estudios bajo el pretexto de que su difusión abriría la puerta a la “destrucción, inhabilitación o sabotaje” del megaproyecto, pues alguien podría “colocar algún artefacto explosivo, modificar las características del suelo o colocar cualquier objeto que afecte la ejecución del Tren Maya”. Además, estimó que causaría un perjuicio “superior al interés público general de que se difunda la información relativa a los estudios”, dado que “personas ajenas al desarrollo del proyecto podrían contar con información o documentación sensible”, lo cual propiciaría “invasiones intencionadas” de vías o “especulación sobre el área de intervención”. El contrato, otorgado de manera directa a Steer Davies & Gleave Mexico por 23 millones de pesos en marzo de 2019, estableció que la empresa realizaría el Programa Maestro del megaproyecto, así como una preselección del tramo que seguirán las vías del ferrocarril. De hecho, en días recientes el Tren Maya regresó a su diseño original: el Fonatur canceló el tramo que unía Valladolid y Tulum –pasando por Cobá– y recuperó el proyecto de unir Valladolid y Cancún, pues se descubrió que en el subsuelo del derecho de vía de Cobá existía una caverna de 90 metros de profundidad y una “alta densidad de cenotes” que no permitía el paso del tren. Otro obstáculo apareció en el camino del megaproyecto: Jiménez Pons indicó ayer que, ante la crisis económica que se avecina y los posibles recortes presupuestales en la administración pública federal, el Fonatur esboza un “plan B” y “alternativas” para financiar el Tren Maya, que podría abrir la puerta a financiamientos privados.