WASHINGTON (apro) – Los gobiernos de México y Estados Unidos están abocados a definir un plan que amplíe “lo más posible” las actividades esenciales a lo largo de la franja fronteriza que comparte los dos países y que sería cerrada parcialmente por la pandemia del Covid-19.
“La clave” en las negociaciones, explica a
Apro un alto funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, “es que se está buscando una descripción lo más amplia posible de actividades esenciales -en la frontera-”.
El compromiso bilateral que quedaría listo este jueves, es consecuencia de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invocar el acta constitucional de su país; 42 USC265, para, en tiempos de crisis, limitar el ingreso a su país de ciudadanos extranjeros.
Como parte de la instrumentación Trump deportaría a México a miles de extranjeros -como medida de prevención ante la pandemia del Covid-19- que han solicitado asilo y se encuentran en territorio estadunidense esperando el fallo sobre sus casos.
La acción que tomarán los dos gobiernos en la frontera común se homologaría a las acciones instrumentadas por muchos países afectados por el Covid-19 de cerrar sus fronteras y permitir únicamente las actividades esenciales de sus ciudadanos y del intercambio comercial.
Este miércoles Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron cerrar su frontera común al ingreso de extranjeros, con la excepción de sus ciudadanos, residentes permanentes y actividades comerciales que son cruciales para aminorar los problemas económicos.
Para el caso de México, Trump descartó el cierre total de la frontera sur de su país, consciente de que los productos y servicios provenientes del sur son en estos momentos indispensables para aminorar los costos macroeconómicos que ya ha causado la pandemia del Covid-19.
Solicitantes de asilo
El alto funcionario del gobierno de López Obrador que habló con
Apro con la reserva del anonimato porque no han concluido las negociaciones con Washington, afirmó que la Casa Blanca pedía mayores concesiones en términos de la problemática migratoria.
“Hemos establecido un principio de equipo conjunto para reducir la unilateralidad en la que empezamos”, matizó en el funcionario del gobierno de México en relación a la determinación de Trump de mandar al territorio mexicano a los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
A horas de finiquitar detalles finales del compromiso bilateral, lo que se desprende de ello es un cierre parcial del flujo de personas en los más de tres mil 500 kilómetros de frontera que comparten México y Estados Unidos.
En el marco del acuerdo en ciernes, como hizo con Canadá, Trump limitaría el acceso a Estados Unidos por la frontera norte de México y pasarían sólo ciudadanos estadunidenses, residentes permanentes, el tráfico comercial y otras actividades esenciales.
Por ahora las negociaciones se enfocan a determinar por cuanto tiempo, durante la pandemia del Covid-19, el gobierno de México se haría responsable de los migrantes extranjeros solicitantes de asilo en los Estados Unidos que esperan una determinación a sus casos.
Las deportaciones de los peticionarios de asilo bajo el Acta 42 USC265 la realizaría Trump saltándose el debido proceso, es decir en violación a las leyes nacionales e internacionales que determinan a los solicitantes de este derecho por razones económicas, políticas o humanitarias, permanecer en resguardo del país donde han presentado su solicitud.
El año pasado el gobierno de López Obrador, y ante las amenazas de Trump de imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, aceptó que permanecieran en México esperando la resolución de sus casos, miles de migrantes extranjeros que lograrán presentar sus peticiones de asilo en las garitas migratorias del sur estadunidense.
La invocación y uso del Acta 42 USC265 y el acuerdo bilateral que definirán en unas horas los gobiernos de los dos países, evitaría la llegada o acercamiento de migrantes extranjeros solicitantes de asilo a las garitas estadunidense que colindan con el territorio mexicano.
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