CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron recomendaciones para atender a sectores vulnerables ante la propagación del Covid-19. En comunicados por separado, la Red de Naciones Unidas sobre Migración y las relatorías especiales sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y de Libertad de Expresión de la CIDH, reconocieron la labor de los Estados y sus sociedades para detener la pandemia global, y advirtieron sobre la persistencia de retos para tomar medidas apegadas a la vigencia de derechos humanos. “El Covid-19 no discrimina y tampoco debería ser nuestra respuesta si queremos tener éxito”, advirtió la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, tras señalar que ante la pandemia las personas en movimiento corren los mismos riesgos que las poblaciones de acogida, “pero pueden enfrentar particularidades debido a las circunstancias de su viaje y las pobres condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse”. En su comunicado, el organismo de la ONU resaltó que ante la crisis “es crucial que las autoridades gubernamentales a nivel nacional y local tomen las medidas necesarias para proteger la salud de todos aquellos que viven en condiciones inseguras y de los más vulnerables, independientemente de su estado”. Luego de destacar que los Estados han aplicado estrictos controles migratorios como medidas de prevención de la propagación del Covid-19, la oficina de la ONU resaltó que con el fin de evitar la propagación en los centros de detención de migrantes, usualmente “superpoblados y que carecen de atención médica y saneamiento adecuados”, los Estados “deben establecer las medidas necesarias para proteger la salud de los migrantes en estas instalaciones y establecer urgentemente alternativas a la detención sin custodia como una medida para mitigar estos riesgos”. De igual manera, sugirió “extender visas de trabajo y otras medidas apropiadas para aliviar las limitaciones que enfrentan los trabajadores migrantes y sus familias debido al cierre de empresas, y para garantizar la protección continua de sus derechos internacionales, incluidos los laborales”. La CIDH y su REDESCA insistieron en pedir a los Estados ajustarse a estándares de protección de los derechos humanos en la implementación de medidas para evitar la propagación del virus, que “se verifican a través del respeto a las garantías y libertades fundamentales, la plena información a las poblaciones sobre las medidas y políticas implementadas en sus territorios, como a través de los recursos disponibles para esos efectos”, así como a través de “la aplicación de una perspectiva interseccional, sensible en términos culturales, basada en los principios de igualdad y de diversidad de género”. Sostuvieron que los Estados están obligados a garantizar el derecho a la salud “sin ningún tipo de discriminación”, y los alertaron para “tomar como prioridad la integridad y bienestar de las personas profesionales de la salud frente a la pandemia”, así como para las personas que asumen tareas de cuidado. “En relación con las trabajadoras y los trabajadores del sector salud, se destaca la importancia de la adopción de protocolos a ser aplicados en tratamiento de Covid-19, así como de medidas especiales para la protección y enfrentamiento de las personas sanitarias, lo que incluye que dispongan de equipos de protección personal y para la desinfección de ambientes, así como la debida garantía de sus derechos laborales y de seguridad social”. El organismo regional y su relatoría especial urgieron a tutelar los derechos de las personas “que se vean afectadas por las medidas de contención que se impongan, especialmente aquellas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena por la pérdida de sus ingresos, amenazas a sus necesidades vitales básicas, riesgo de ser desalojadas o ausencia de redes institucionales de apoyo”. Entre las medidas recomendadas destacan beneficios en el pago de créditos, reprogramación y flexibilidad en pagos de deuda financiera o tributaria, así como “la implementación de medidas compensatorias proporcionales en casos de pobreza y pobreza extrema o de fuentes de trabajo en especial riesgo”. https://www.proceso.com.mx/622698/confirman-segunda-muer La CIDH y su REDESCA llamaron a los Estados a “exigir que las empresas, como empleadoras en general, respeten los derechos humanos y tengan un comportamiento ético y responsable, particularmente por los impactos en trabajadoras y trabajadores, consumidoras y consumidores y comunidades locales”. Llamaron a los Estados parte a dar atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad como los migrantes, las poblaciones en procesos de desplazamiento forzado, a los grupos indígenas, las personas privadas de libertad, los trabajadores del sector informal, las personas en situación de pobreza o calle, las personas con discapacidad, así como la niñez, adolescentes y mujeres. En cuanto a los derechos a la libre expresión, la CIDH y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) exhortaron a los Estados y a las instituciones de derechos humanos a “garantizar el acceso a los mecanismos de denuncia y protección frente a posible limitaciones indebidas o violaciones de derechos derivados de tales medidas que garanticen transparencia, acceso a la información, protección de datos de personas, consentimiento informado, acceso a la justicia y debida reparación”. Recordaron la obligación de los Estados de “informar en forma completa, permanente y veraz sobre la evolución epidemiológica”, así como que las personas con liderazgo político “tienen una alta responsabilidad en coordinar con los órganos rectores en materia de salud, asegurando que sus mensajes sean coherentes con los hallazgos científicos y las medidas adoptadas”. A las empresas de comunicación, la CIDH y su RELE llamaron a “contribuir con la población proporcionando información rigurosa, chequeada y observar en todo momento los códigos de ética y de actuación”. [embed]https://www.proceso.com.mx/622716/vail-nieve-y-contagio[/embed] El organismo regional puntualizó que la pandemia “está siendo continuamente monitoreada por los gobiernos y las autoridades nacionales”, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las relatorías especiales de la CIDH. “La naturaleza y los alcances de una emergencia de salud sin precedentes en la región y en el mundo, exigen dotar de contenido real a los principios de solidaridad y de responsabilidad compartida, con base en la cooperación internacional, que deben orientar tanto el accionar de los Estados como de la sociedad en su conjunto”, remató.