CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a las peticiones de 23 organizaciones de la sociedad civil, que le pedían retomar sus labores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) amplió hoy el periodo de suspensión de las solicitudes de información y recursos de revisión, hasta el próximo 30 de abril, día en que tentativamente terminará la jornada nacional de sana distancia. Previo a la sesión virtual que el INAI realizó este miércoles, un grupo urgió a los comisionados no aplazar de nueva cuenta los tiempos de las solicitudes, dado que –insistió-- ciudadanos enviaron a dependencias de gobierno que se encuentran suspendidas más de mil peticiones de información relativas a la pandemia de covid-19. Las organizaciones, entre ellas Fundar, Artículo 19 o el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), sostuvieron que en este entorno de pandemia, “tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados han anunciado diversas medidas y decisiones públicas que afectan sustancialmente la vida, salud y economía de las personas”, por lo que “el acceso a la información oportuna, veraz y accesible reviste mucha relevancia para conocer la racionalidad de dichas decisiones, así como sus posibles efectos, y de esta forma crear confianza con las y los ciudadanos”. En su sesión de hoy, el pleno del INAI determinó que como el gobierno federal envió a sus casas a la mayor parte de los servidores públicos hasta el próximo 30 de abril, ellos ya no tienen acceso a los archivos y documentos que ciudadanos les podrían pedir a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; decidió que no existen las condiciones para que los sujetos obligados envíen información. El comisionado Oscar Guerra Ford aseveró que dicha decisión preservaría la salud de los funcionarios del INAI y de las dependencias, pues “nos encontramos ante un escenario donde el contagio en nuestro país y en el mundo crece; estamos por entrar a la fase 3, la más expansiva de esta pandemia en nuestro país, y nos encontramos ante un escenario más crítico”. Sin embargo, para las organizaciones el cierre temporal del sistema de transparencia desencadena una serie de obstáculos para el monitoreo ciudadano de la gestión del gobierno: plantearon, por ejemplo, que “resulta muy complejo rastrear” los recursos liberados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la emergencia, y que la Secretaría de Salud no transparenta las compras de insumos médicos ni su distribución en el país. “Nos preocupa que se siga aplazando durante semanas y meses las principales actividades que permiten garantizar el derecho de acceso a la información”, recalcaron.