CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos dos centenares de organizaciones de la sociedad civil de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como universidades y activistas, demandaron la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y una investigación profunda sobre los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo en la Estación Migratoria (EM) de Tenosique, donde una persona murió y 14 más resultaron heridas tras la represión de una protesta por el hacinamiento y los riesgos de contraer covid-19. En un pronunciamiento, pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador poner en libertad a los migrantes confinados en las estaciones migratorias ante la pandemia y dejar de realizar operativos de detención. En el documento, con copia para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el comisionado del INM, entre otros funcionarios, las organizaciones no gubernamentales (ONG) recordaron que no es la primera vez que denuncian “las pésimas condiciones de subsistencia” de las estaciones migratorias donde son internadas personas migrantes y solicitantes de protección internacional, situación que se agrava ante la pandemia al profundizarse “la incertidumbre y el miedo, al tiempo que genera aún mayores riesgos sanitarios para las personas detenidas”. Destacaron que, como resultado de la falta de medidas efectivas para proteger a los migrantes en materia de salud pública, han ocurrido diversas protestas: el 23 de marzo en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, donde la manifestación iniciada por al menos 50 migrantes fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Federal, “mediante el uso de mangueras de agua, gas lacrimógeno y abuso de la fuerza”; el 29 se realizó una manifestación en el centro de detención migratoria de Villahermosa, y el 31 en Tenosique, por una protesta “a causa de la incertidumbre e insalubridad en que el INM mantiene a las personas en detención migratoria”. En este último evento, un hombre murió y 14 personas fueron heridas a causa de la represión por parte de agentes del INM y miembros de la Guardia Nacional, quienes “impidieron la evacuación de las personas para escapar del incendio al interior del centro”. De los últimos acontecimientos responsabilizaron a Garduño, “así como a las autoridades administrativas de la EM Tenosique”, por lo que exigieron “su destitución inmediata, la investigación de los hechos, y que se finquen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Lamentablemente no es la primera persona que muere bajo el resguardo del INM”. Sobre las “múltiples violaciones de derechos humanos” cometidas por la Guardia Nacional en las estaciones migratorias de Tapachula y Tenosique, las organizaciones, defensores y académicos recordaron que han señalado que ese cuerpo de seguridad “no debe estar involucrado en labores migratorias, mucho menos ante la debilidad crónica de los medios internos y externos de control responsables de verificar el cumplimiento de la legislación y protocolos aplicables, en especial en materia de uso de la fuerza”. Tomando en cuenta las declaraciones del gobierno mexicano, en el sentido de que las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria se tomaran con respeto a los derechos humanos, los firmantes consideraron que, por la vulnerabilidad de la población migrante, “el Estado mexicano debe tomar medidas tendientes a garantizar su salud, integridad física y mental, así como la vida y las garantías jurídicas que correspondan”. Consideraron que, en apego a las disposiciones del Consejo de Salubridad General, deberían suspenderse “los operativos de control migratorio, además de que impiden cumplir con las medidas de sana distancia y no concentración de más de 50 personas en un mismo lugar, ya que derivan en la detención y hacinamiento de cientos de personas”. Puntualizaron: “Nuestra exigencia irrestricta es que todas las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiadas privadas de la libertad en estaciones migratorias y provisionales sean puestas en libertad de manera inmediata”, como lo han recomendado organismos de Naciones Unidas. Al rechazar la criminalización de las personas migrantes, los firmantes resaltaron que “las personas en detención han ejercido su derecho a la protesta, de asociación y libre expresión, frente a la violación sistemática de sus derechos y ante un fundado miedo de contagio del covid-19”. El Estado mexicano –añadieron-- está comprometido “a diseñar una estrategia de detención, canalización y atención de grupos de migrantes y personas sujetas de protección internacional con mayores condiciones de vulnerabilidad”, entre ellas mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, discapacitados, adultos mayores y miembros de la comunidad LGBTI. Tras recordar que los albergues de la sociedad civil están saturados y sin apoyos gubernamentales, puntualizaron que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y en libertad para las personas migrantes y refugiadas. El pronunciamiento también está dirigido a los secretarios de Relaciones Exteriores y Salud, Marcelo Ebrard y Jorge Alcocer, respectivamente; al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva; al subprocurador de Salud, Hugo López-Gatell; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y a la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Martha Yolanda Pérez Bravo.