CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoy, mientras el gobierno federal declaraba la fase de 3 de la emergencia sanitaria por covid-19, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó a la empresa paraestatal Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. la asignación para operar y explotar el Tren Maya, un megaproyecto cuyas obras deberían arrancar a principios de mayo, en pleno climax de la pandemia por coronavirus, según instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de hoy, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., una filial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –dirigido por Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons– cuenta con un plazo de un año para entregar un Proyecto Ejecutivo acabado y tiene hasta 48 meses para terminar la construcción del megaproyecto. La SCT también otorgó a la empresa paraestatal el derecho de usar y aprovechar las infraestructuras para realizar actividades comerciales paralelas, como negocios inmobiliarios u “hoteles, oficinas, centros comerciales, restaurantes u otros similares o análogos, y que deberán iniciar dentro de los primeros cinco años de vigencia de esta asignación”.

Especial: Tren Maya, la obstinación

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCT otorgó a Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. la asignación para remodelar la antigua vía férrea de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), así como los derechos para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros durante los próximos 30 años. El decreto establece que Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., realizará el transporte de carga y pasajeros de manera equitativa, respetando las disposiciones legales relativas al medio ambiente y al desarrollo urbano; también le instruyó a facilitar el transporte a las “comunidades aisladas” considerando para ello “al menos un carro”. La publicación del decreto en el DOF muestra que el gobierno hizo caso omiso a la carta que 194 de las organizaciones más importantes del país dirigieron hoy a López Obrador, en la que le urgieron a suspender la construcción del megaproyecto durante la emergencia sanitaria. Sostuvieron que tanto el sistema de justicia como el de transparencia se encuentran congelados, lo que hace imposible a las comunidades opositoras a interponer amparos para defender sus derechos u obtener información sobre el megaproyecto.