Juez ordena medidas para salvaguardar migrantes en frontera México-EU

martes, 21 de abril de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la falta de medidas de prevención y protección de migrantes contra la pandemia de covid-19 en la frontera entre México y Estados Unidos, organizaciones civiles lograron que un juez federal admitiera a trámite un amparo y concediera una suspensión de plano en la que emplaza a autoridades federales y estatales a tomar “medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de los migrantes”. Este lunes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California resolvió admitir el juicio de amparo tramitado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Derechoscopio, una organización de la entidad fronteriza, “en contra de actos y omisiones imputables al Consejo de Salubridad General de México, al secretario de Salud en el ámbito federal, Jorge Alcocer Varela, al titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón”, entre otras autoridades. En sus alegatos, las organizaciones dedicadas a la defensa de derechos de los migrantes reclamaron que en Baja California “no han diseñado, propuesto ni dictado medidas en materia migratoria para contener el contagio y propagación del covid 19 en esa entidad fronteriza ni protocolos para detectar casos de las personas en movilidad (migrantes) que pudieran estar infectados con el virus”. La solicitud de la protección de la justicia federal, se formuló considerando que en la frontera de Baja California y California “es una de las zonas más peligrosas del mundo” en materia de contagios y fallecimientos por coranovirus. La FJEDD y Derechoscopio alertaron sobre las violaciones a derechos humanos del programa diseñado entre México y Estados Unidos para evitar “la aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América”. Para la directora ejecutiva de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo, “es contrario a tratados y estándares internacionales que México esté recibiendo personas migrantes desde Estados Unidos de América, no solamente porque se viola el principio internacional de no devolución, sino porque el gobierno mexicano los está recibiendo en la frontera sin ningún protocolo que garantice su salud y la de los ciudadanos de Baja California”. Tras la solicitud de amparo, el juzgado “concedió la suspensión de plano para que cada una de las autoridades dicte las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de los migrantes y, en especial para contener y detectar el contagio respecto de los migrantes retornados desde Estados Unidos, los detenidos por agentes migratorios y las personas que se encuentran en las estaciones migratorias en Baja California”. Carlos G. Guerrero, abogado de las organizaciones demandantes y presidente de la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico, abundó que “las autoridades responsables tienen 24 horas para informar cómo es que cumplieron con la orden de suspensión concedida por la juez, y por ello estaremos atentos a que dicten de inmediato medidas para el beneficio de las personas en contexto de movilidad y de los habitantes de ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada.

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