CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Asistencia Social por los Derechos Humanos (Asilegal) llamó a las autoridades jurisdiccionales y penitenciarias de las 32 entidades a utilizar las facultades que les confiere la Ley Nacional de Ejecución Penal para detener la propagación del virus en las cárceles. Tras resaltar que en el país existen 300 instituciones penitenciarias que albergan a 202 mil 221 personas privadas de la libertad, Asilegal destacó que la crisis sanitaria puso en evidencia las carencias financieras para hacer frente a la pandemia y la “imposibilidad de otorgar condiciones de vida digna en reclusión”. A pesar de que la problemática es generalizada en todo el mundo, la organización puntualizó que no es “una justificación válida para no garantizar un derecho tan importante como lo es el derecho a la salud”, por lo que urgió a echar mano de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para Asilegal, “la normatividad contiene elementos claves para minimizar los efectos negativos que puede generar la pandemia” y contribuir “no sólo a abastecer con suficiencia las necesidades de la población penitenciaria, sino que generará una herramienta para la despresurización de dichos centros de detención”. Recordó que, de acuerdo con la legislación mencionada, las autoridades penitenciarias tienen la facultad “para realizar propuestas y hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma”. Lo anterior, subrayó, representa activar un mecanismo ante el juez de ejecución, sobre los casos que pudieran llegar a ser considerados como viables para la obtención de prerrogativas, siendo los más idóneos “aquellos con necesidades específicas y de mayor vulnerabilidad frente al virus, como lo son personas de edad avanzada, mujeres con hijos, personas con determinados padecimientos de salud, etc.”. La organización urgió a las autoridades a identificar a las personas “en especial estado de vulnerabilidad y potencialmente beneficiarias, para materializar la implementación de estos instrumentos que tienen por objeto modificar la forma de cumplimiento de sus penas”, como la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de penas y la preliberación por criterios de política penitenciaria. Lo anterior “no sólo contribuirá a generar un impacto positivo”, sino que reafirmaría “el compromiso internacional que tiene el Estado mexicano de promover la aplicación de medidas no privativas de libertad”, abundó. Al enlistar a los 32 presidentes de los poderes judiciales del país, a quienes hizo el llamado, Asilegal ofreció su experiencia para “construir en conjunto planes de acción ante la contingencia”. “El Estado no puede continuar legitimando el estigma que cargan las personas privadas de libertad a través del olvido y abandono a su suerte ante esta pandemia; urgen acciones concretas para salvaguardar todos los centros penitenciarios, así como garantizar los derechos humanos de quienes ahí se encuentran”, concluyó la organización.