COLIMA, Col. (apro).- El Colegio de Abogados Postulantes A.C. demandó la reapertura de los tribunales judiciales en la entidad, pues si bien reconoció que se decretaron medidas de aislamiento social por la pandemia de covid-19, “también es cierto que la actividad jurisdiccional es una actividad esencial”. El presidente de la organización, Pablo Navarrete Zamora, comentó que la reapertura de las instalaciones del Poder Judicial puede realizarse con las medidas sanitarias que establece la Organización Mundial de la Salud, con la restricción del control de ingreso de usuarios, la toma de temperatura corporal a las personas que visiten los tribunales, el uso obligatorio de cubrebocas y la implementación de la sana distancia. Argumentó que la circular 15 del pasado 20 de abril, mediante la cual los magistrados acordaron la suspensión parcial de la función jurisdiccional y la falta de atención al público, es “un acto que considero contrario a lo establecido por el artículo 29 constitucional”. Así también, añadió, con esa determinación “se violentan derechos humanos consagrados en la Constitución Política de México, porque a la sociedad colimense se le estaría haciendo nugatorio el derecho al acceso a la impartición de justicia que tienen como gobernados”. Pablo Navarrete indicó que, en el decreto de suspensión de actividades emitido por el Comité Estatal de Seguridad en Salud del Gobierno del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial el 3 de abril de 2020, se enlistaron como actividades esenciales las notarías públicas y despachos jurídicos para la defensa jurídica, por lo que en ese sentido la función jurisdiccional es una actividad esencial. Mencionó que el Colegio de Abogados entiende la preocupación de las autoridades encargadas de impartir justicia por salvaguardar la salud del personal que labora en el STJE y de la población en general ante esta pandemia. Por lo anterior, “siempre con el ánimo de que ante todo impere el Estado de derecho, hacemos un respetuoso llamado a los honorables miembros que integran el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, a efecto de que reactiven la función jurisdiccional con las medidas y protocolos necesarios, para evitar la propagación de la pandemia que hoy enfrenta la sociedad colimense”. Razonó que de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 192/2007, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acceso a la justicia se considera una garantía de los gobernados del Estado mexicano, de modo tal que impedirlo se equipara a suspender una garantía constitucional. Puntualizó que bajo la consideración de que la potestad de decretar una suspensión de garantías se encuentra reservada al presidente de la Republica, en conjunto con otras autoridades, la suspensión temporal de la función jurisdiccional decretada por el pleno del STJE “resulta ser un acto que no está dentro de sus atribuciones legales, pues estaría invadiendo la esfera federal”.