OAXACA, Oax. (apro).- Comunidades, organizaciones y movimientos sociales exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, la cancelación inmediata del llamado “Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Corredor y Tren Interoceánico (PDIIT-TI)”. Argumentaron que no han sido debidamente informados y no se ha respetado su derecho a la libre determinación. En un documento, también signado por académicos, ambientalistas y sociedad civil, insistieron en su “total rechazo a la sigilosa pero persistente ejecución gradual del llamado ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec’, por constituir un grave atentado en contra de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo negro, así como de la soberanía nacional”. Asimismo, se pronunciaron por construir una propuesta alternativa a partir de una reflexión y un diálogo horizontal sobre las formas de vida adecuadas al entorno sociocultural y natural de la región, que tenga como base el bien común, el bienestar de las comunidades y de la población urbana pobre, y que contemplen prioritariamente los derechos de la naturaleza y de las poblaciones afectadas. El conjunto de megaproyectos involucra a 14 pueblos indígenas y el pueblo negro, así como a centenares de comunidades campesinas ubicadas en los 98 municipios comprendidos en el PDIIT-TI (46 de Oaxaca, 33 de Veracruz, 14 de Chiapas y 5 de Tabasco). Los firmantes denunciaron que, en los pueblos indígenas y negro, comunidades campesinas y población en general que resultarán afectados por el llamado “Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec”, no ha sido respetado su derecho a la libre determinación, por medio del cual puedan expresar su aprobación o rechazo de dicho Programa, a través de sus respectivas actas de asamblea. Por el contrario, refirieron, existen amparos en contra del paso apenas inicial de este conjunto de megaproyectos, consistente en la modernización de la actual vía férrea, cuya manifestación de impacto ambiental, presentada por la empresa “Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV”, está plagadas de errores y dolosas omisiones. Se quejaron de que los proyectos de supuesto ”desarrollo” instrumentados anteriormente en la región del Istmo con el corredor industrial y petroquímico de Minatitlán-Coatzacoalcos en Veracruz, y de Salina Cruz-Tehuantepec en Oaxaca, pese a sus promesas de “modernidad” y bienestar, no han beneficiado realmente a las poblaciones locales; por el contrario, han generado un deterioro severo en sus formas de vida, sus culturas, el medio ambiente, el tejido social comunitario, y se han visto afectadas por un aumento de la militarización. Entonces, “han convertido a la región en una de las regiones con mayor índice de violencia por causa de la delincuencia organizada, con asesinatos y feminicidios y aumento drástico de los índices de alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, prostitución, violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, y en materia económica cada vez mayor migración, inflación y desigualdad social”. Además, detallaron que “resulta ampliamente documentado y comprobado que la zona del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos, a menos de 40 años de su implantación en la cuenca baja del Río Coatzacoalcos (declarado ya por expertos como un río “muerto”), ha pasado a convertirse en la zona más contaminada en suelos, agua y aire de todo el país, con graves consecuencias en la alteración climática regional y en la salud de los habitantes y comunidades originarias. Consideraron que “de permitirse la nueva imposición de este conjunto de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec (la zona de mayor diversidad biológica y mayor productora de servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica, y por ello mismo poseedora la vez de una inmensa diversidad cultural), se agudizaría la contaminación, la afectación a la salud y el calentamiento global, y se comprometería las necesidades básicas de los habitantes y pueblos de una amplia porción del sur-sureste de nuestro país, así como la vida misma de las generaciones futuras”. El pronunciamiento es firmado por más de 150 organizaciones, colectivos e instituciones, entre ellas Maderas del Pueblo del Sureste, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Universidad de la Tierra, Greenpeace México, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec y Servicios para una Educación Alternativa.