CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como integrante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (la GOAN), el guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez Vallejo avaló la carta que el 6 de abril esta organización publicó, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en plena contingencia de salud, con este mensaje: “La crisis de salud no debe ser minimizada. Urgimos al @GobiernoMX a que tome acciones inmediatas para evitar el colapso de los sistemas de Salud Estatales. Urgen recursos extraordinarios, inventarios reales, pruebas moleculares, mascarillas, ventiladores, equipos y medicinas”. En realidad, este mensaje con marcada urgencia hacia el presidente contrasta con la propaganda oficial del gobierno de Rodríguez Vallejo, en los que presume que en Guanajuato “se tiene el mejor sistema de salud del país” y que esto es un logro debido en parte a la decisión de no integrarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). “En Guanajuato sí estamos preparados contra el coronavirus”, se lee en los anuncios espectaculares en puentes, carreteras y en portadas de medios de comunicación que son favorecidos con la publicidad del estado. “Agradezco que se nos esté permitiendo administrar en este momento nuestro sistema de salud, porque no hemos presentado desabasto ni de medicamentos ni de insumos. Tuvimos una reunión donde algunos secretarios comentaron que sí están teniendo problemas de abasto de insumos”, dijo el secretario de salud del estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, en una de las eventuales conferencias de prensa que ha ofrecido desde que inició la contingencia en el estado. “Yo lo veo como una gran ventaja, una muy buena decisión (del gobernador) en ese sentido; agradezco que se nos esté haciendo llegar el recurso ordinario, insumos en especie, pruebas de laboratorio, insulina, cubrebocas”, aunque, aclaró el secretario, “no nos ha llegado recurso extraordinario”. De forma directa, el gobierno estatal pudo adquirir de manera independiente al Insabi 92 ventiladores, que se entregaron el 26 de marzo. Otro diferendo que se ventiló también a través de la GOAN fue la entrega de una dotación de batas, cubrebocas y otros insumos que envió el gobierno federal a hospitales de los estados. El 15 de abril, la asociación de gobernadores a la que pertenece Diego Sinhue Rodríguez se quejó públicamente de la cantidad “absolutamente insuficiente” de los insumos enviados, así como de la calidad de éstos, “penosa”, según la calificaron, antes de anunciar que devolverían todo a la federación. Pero eso no pasó con todo, al menos no en Guanajuato, donde días después el secretario Díaz Martínez reconoció que lo único que no se usó y se iba a devolver eran las batas, ya que las que se tienen a nivel estatal son de mejor calidad. Consultado al respecto, el gobierno del estado informó a Proceso que las batas no se regresaron a la federación, pero no se van a utilizar. La postura del gobernador en cuanto a la estrategia en materia económica también ha pintado su raya de la presidencial. Aquí hubo el acuerdo con cámaras y organismos empresariales de activar un fondo de 800 millones de pesos con ahorros estatales y con recaudación de impuestos, para otorgar créditos para pagar las nóminas de la iniciativa privada, como una medida para mantener empleos. El gobernador anunció el lunes 20 un plan de austeridad para la administración pública estatal, con la pretensión de ahorrar 600 millones de pesos, que irán también al programa de rescate económico derivado de la contingencia sanitaria por el covid-19. “Es un ajuste presupuestal, de apretarnos el cinturón, y restringir una serie de gastos que no son necesarios en este momento por parte de gobierno del estado”, en viáticos, papelería, eventos ceremoniales, gasolina, gastos de representación, dijo el gobernador, que no ha dado más detalles. Proyectos que se consideran no prioritarios serán aplazados, entre ellos ampliaciones de oficinas e instalaciones administrativas y la entrega del Premio a la Juventud. Para apoyar a los empresarios, el gobierno del estado aplazará el programa de becas al extranjero para jóvenes estudiantes, “el mejor programa de becas del país”, presumía también hace unas cuantas semanas el gobernador de Guanajuato. A principios de abril, en un video de amplia difusión, el gobernador anunció que donaría su salario durante la contingencia e “invitó” a los integrantes de su gabinete y otros funcionarios a hacer lo propio, para destinar ese dinero a un fondo de estímulos para el personal del sistema de salud estatal. Por supuesto, ese mismo día se multiplicaron los videos, mensajes en redes y boletines en los que secretarios, diputadas del Congreso y magistrados del Poder Judicial se sumaron ofreciendo un mes de sus sueldos y dietas. Pero los diputados vieron otra oportunidad: la de traducir este “donativo” en la entrega de despensas y otros apoyos a familias en sus respectivos distritos. Estos donativos “no representan ningún sacrificio para su bolsillo, ya que tanto el gobernador, como los secretarios de Estado, los magistrados y consejeros del Poder Judicial y los diputados del Congreso del Estado, prácticamente reciben su sueldo íntegro”, opinó el abogado Roberto Saucedo, activista por la transparencia. “Además de este emolumento, la gran mayoría de ellos cuentan con un servicio de telefonía, viáticos, asistentes y en muchos casos hasta vehículo oficial con cargo al erario, de tal suerte que el ‘donar’ un mes de sueldo no les representa ningún sacrificio”, dijo. Sólo entre funcionarios del Poder Ejecutivo -gobernador, secretarios, subsecretarios y algunos directores- “se van a dar 75 millones de pesos (por concepto de sueldos donados) a personal médico de Instituto de Salud Pública estatal, se les entregará en cuanto termine contingencia, junto con un periodo adicional de vacaciones con goce de sueldo”, informó el área de Comunicación social del gobierno estatal. Esa cantidad resultó de sumar el sueldo del gobernador, que es de 157 mil pesos netos al mes; los secretarios del gabinete que perciben poco más de 132 mil pesos; el de los subsecretarios, que es de 95 mil pesos, más el de directores de organismos paraestatales, de 107 mil 300 pesos, y directores de área que ganan neto al mes salarios de hasta 68 mil 640 pesos. En el caso de las y los magistrados del Poder Judicial, según el tabulador publicado, la percepción mensual neta es de casi 133 mil pesos; el tabulador sí detalla prestaciones incluidas, como apoyo familiar por casi 49 mil pesos; ayuda por servicios, una gratificación quincenal de 67 mil pesos (superior al sueldo base de 49 mil pesos), una previsión social y una cuota de seguridad. Mientras que en el Congreso, diputadas y diputados son de los mejor pagados en México; a fines del año pasado se aprobaron para este 2020 540 millones de pesos destinados a asesores, oficinas, viáticos, recursos para lo que se denomina “ayuda social” y un seguro de vida y de gastos médicos, con un sueldo bruto superior a los 200 mil pesos, y un “apoyo extra” para los informes anuales que presentan, de cerca de 29 mil 500 pesos. El seguro de vida y el de gastos médicos mayores para 31 de los 35 diputados de este Congreso con mayoría del PAN (los cinco de Morena lo rechazaron) representa un cargo al erario por más de 3 millones de pesos.