CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la pandemia de covid-19, alrededor de 8 millones de mexicanos carecen de empleo, además de que 15 millones más no tienen acceso a la salud pública, según estimaciones de la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. De la población asalariada, 18.1 millones no cuentan con un contrato estable y de éstos 15.2 millones perciben ingresos insuficientes para mantener a su familia. Aparte, 30 millones de trabajadores se encuentran al margen de alguna agrupación laboral formal que los represente de manera “honesta”. “Millones de trabajadores mexicanos no saldrán a la calle para conmemorar el Día del Trabajo, pero sí dejarán su casa para ganarse el pan de cada de día o buscar otras oportunidades, pues la crisis sanitaria los enfrenta a una seria amenaza contra su salud y supervivencia”, condenó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Para frenar la que llaman, “curva del desempleo”, Acción Ciudadana pidió a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, informar cada dos semanas la evolución de la pérdida y generación de empleos como lo hizo el 8 de abril, en la que reportó que, del 13 de marzo al 6 de abril, 348 mil personas perdieron su empleo. De acuerdo con el reporte de la agrupación, la subcontratación, conocida como outsourcing, el uso sistemático de contratos temporales, y la evasión de pagos al IMSS o al INFONAVIT, son prácticas “nocivas e ilegales” que aumentan las condiciones de pobreza crónica en la población. Ante el gris panorama que dejará la emergencia sanitaria, demandaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) crear un plan multianual para fijar el salario mínimo en 6 mil 500 pesos al mes, con el cual, confían, se puede pagar la canasta básica de dos personas, al menos hasta 2024. “Medidas de autorregulación para empresas que garanticen el cumplimiento de derechos laborales, con mecanismos efectivos de supervisión para situaciones irregulares en proceso de resolución”, agregaron. Asimismo, exigen sanciones para los “supuestos sindicatos” que venden contratos de protección a la industria de la construcción, a través de placas que son colocadas en las obras. Por esto, consideran que es urgente implementar la reforma laboral para establecer el sistema de justicia laboral en el poder judicial y se pueda garantizar la defensa y negociación colectiva de los trabajadores. A mediano plazo, buscan que la seguridad social se convierta en un derecho garantizado por el Estado, sin que dependa de las “cuotas obrero-patronales”. (Manuel Alejandro Godínez López)