CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores de oposición chocaron este lunes en torno al decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al Ejército y la Marina realizar labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional (GN), durante los próximos cinco años. Por separado, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, consideraron que tal decreto da cumplimiento al artículo quinto transitorio constitucional en materia de Guardia Nacional que el Congreso aprobó el año pasado. “Estaba así expuesto en el quinto transitorio de nuestra reforma constitucional. ¿Qué está haciendo (el presidente)? Pues afirmándolo. Es un decreto que afirma lo que ya está planteado”, aseguró Osorio Chong en entrevista con medios de comunicación. “Lo que está haciendo el presidente es cumplir con el quinto transitorio. El punto es que ahora el presidente tiene la responsabilidad directa respecto a ese uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, abundó Mancera en entrevista telefónica. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/629516/amlo-ejercito-seguridad-publica[/embed] De acuerdo con el artículo quinto transitorio, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, sólo por cinco años a partir de la publicación del decreto que crea la GN. En entrevistas individuales, los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) Clemente Castañeda y del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda, opinaron que el decreto le está dando facultades a las Fuerzas Armadas que exceden lo que mandata la Constitución, porque no subordina la actuación militar al mando civil en materia de seguridad pública y les instruye a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina a “coordinarse” con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “La actuación de las FFAA debe estar subordinada al mando civil y ahora, por decreto, se pretende imponer un esquema de coordinación, y coordinación no es igual que subordinación”, dijo Castañeda, senador y coordinador nacional de MC. “La fiscalización que pusimos en la Constitución era a cargo de un órgano civil, y en uno de sus artículos (el decreto) habla de que la fiscalización va a estar a cargo del órgano de control respectivo de las instancias militares”, reprobó Zepeda. Sin embargo, Mancera destacó que el año pasado el propio Senado autorizó que durante cinco años los militares acompañaran y complementaran las funciones de seguridad pública, como indica el decreto. “Nosotros pusimos en la misma exposición de motivos que harían un acompañamiento, complemento, de las tareas de seguridad pública. Cuando (el decreto) dice ‘se instruye’ deja claro que es para que se coordine. Entonces, las tareas nosotros las autorizamos”, aseguró el senador perredista. Lo más grave del asunto para los legisladores del PAN y MC es que con este decreto se formaliza la militarización del país, pues, acusan, la Guardia Nacional nunca tuvo un mando civil como se estableció en la Constitución. Los mandos de la corporación son castrenses y no se están fortaleciendo las policías civiles, en cambio sí se apuesta por el Ejército de aquí hasta el final del sexenio, pues su actuación está regulada hasta el 27 de marzo de 2024, siete meses antes que termine el gobierno de López Obrador. “¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un decreto de este tipo? Hoy estamos viendo al presidente de la República prácticamente renunciar a su compromiso de cambiar la estrategia de seguridad pública y de construir un mando civil en la Guardia Nacional”, comentó el emecista. “Es toda una estrategia de militarización y no sólo en seguridad pública. Ya les encargó bancos, aeropuertos, hospitales; la verdad de las cosas es que mañana va a ser muy compleja la situación en la que va a dejar el país”, dijo Zepeda. Agregó: “Nunca se hizo en la Guardia Nacional civil esta regla, el punto de partida de la ayuda de las Fuerzas Armadas era bajo la premisa de que se estaría conformando una GN, pero eso nunca ha pasado. Desde el día uno el presidente se ha dedicado a hacer una Guardia Nacional militar, los mandos en todo el país son militares. No hay un plan real del fortalecimiento de la policía civil”. De acuerdo con Mancera, el tema es que con el decreto que fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente está anunciando que hay una necesidad de que, a partir de ahora y hasta el 2024, las Fuerzas Armadas estén en las calles y el presidente será el responsable directo de la actuación de sus elementos en las tareas de seguridad pública. “Hoy, de cualquier cosa que hagan las Fuerzas Armadas se va a hacer cargo el Ejecutivo, por eso lo están acotando tanto”, declaró. Sobre el “acotamiento”, Mancera se refiere a que en el decreto el Ejecutivo incluyó un apartado para especificar las tareas que “la Fuerza Armada permanente” podrá desempeñar en apoyo a la GN, y tales atribuciones se prevén en las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Se trata de 12 fracciones de 44, y excluye tareas de investigación, realización de operativos encubiertos o la inspección de documentos migratorios, para lo que sí está facultada la Guardia Nacional. Pero sí prevé que los militares participen en “salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos” en los centros de control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, las aduanas, recintos fiscales y espacios urbanos considerados como zonas federales, entre otros. Además, realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos, y participar en operativos conjuntos con otras autoridades.