CAMPECHE, Camp. (apro).- Trabajadores del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes (Sannafarm-Vida Nueva) exigieron la destitución de su director, Gilberto César García Salazar, por irregularidades que supuestamente ponen en riesgo la salud y la vida del personal y los pacientes. Los quejosos acusaron al funcionario de nepotismo, además de ejercer violencia contra el personal, negligencia en la aplicación de tratamientos para los internos, y de permitir la reclusión ilegal en esa institución de personas con problemas mentales y penales, quienes incluso han atacado y lesionado al personal. Para colmo, subrayaron, puso en riesgo la salud de los trabajadores de grupos vulnerables, en medio de la pandemia de covid-19, obligándolos a presentarse a laborar a las instalaciones de Vida Nueva, y negó el derecho al resguardo domiciliario decretado el 31 de marzo. De acuerdo con los inconformes, el pasado 28 de abril entregaron en la oficina del gobernador Carlos Miguel Aysa González la petición formal para que se destituya e investigue a García Salazar, firmada por 31 trabajadores del Sannafarm-Vida Nueva. El documento --cuya copia fue proporcionada a la corresponsal, junto con fotografías del personal lesionado por los pacientes psiquiátricos que indebidamente están en el sitio-- se hizo llegar también a los secretarios de Gobierno, Salud, y Administración e Innovación, Pedro Armentía López, José Luis González Pinzón y Gustavo Ortiz González, respectivamente. También se envió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Juan Luis Renedo Dorantes; a la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Laura Luna García, y hasta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los inconformes también demandaron el cese de Rosario Pacheco Zaragoza, subdirectora Administrativa, y de Miguel Ángel Naal Salazar, jefe del Departamento de Recursos Humanos, por diversas causales que, apuntaron, “son sólo la punta del iceberg” del “caos administrativo y operativo” que prima en el centro Vida Nueva. “Se están cometiendo arbitrariedades de la dirección y mandos contra el personal y los pacientes”, recalcaron. Explicaron que Vida Nueva “es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud estatal, que funciona como centro de atención para personas que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva, entre ellas menores de edad; cuenta con un área de internamiento para los pacientes que, de manera voluntaria y con autorización de un tutor legal, pueden llevar a cabo su rehabilitación. “Sin embargo, por razones desconocidas se empezaron a internar pacientes con enfermedades mentales, los cuales fueron referidos desde otras instituciones, a pesar de que en Vida Nueva no se cuenta con la capacidad de atención para este tipo de personas”, revelaron. No sólo eso, también se empezó a internar a jóvenes que cometieron delitos de todo tipo. “Esto por disposición de las autoridades estatales y en contubernio con la administración, lo cual es una irregularidad y violenta los derechos humanos y el proceso legal”. Según los denunciantes, se trata de un tema legal complejo, dado que no se explica bajo qué procedimiento penal, un menor que comete un delito está en un lugar de adicciones. Expusieron que los pacientes psiquiátricos y los menores infractores permanecen recluidos más de un año en esas instalaciones, y con estas anomalías se pierde el objetivo del centro, que es rehabilitar y reinsertar a la sociedad a las personas con problemas de adicciones. La reclusión ilegal en Vida Nueva de personas con problemas psiquiátricos y menores infractores, muchos de ellos violentos, es un riesgo latente para la plantilla de trabajadores de la institución a quienes, bajo amenazas, se les ha obligado a atenderlos sin contar con los insumos ni la capacitación necesarios, apuntaron. “Esto ha generado diversas complicaciones al interior de la dependencia, poniendo en riesgo la integridad del personal, puesto que los nuevos internos son personas agresivas y emocionalmente inestables, lo que ha derivado en ataques violentos comprobados contra los trabajadores de la institución, en su gran mayoría mujeres”, denunciaron.