CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguraron que la crisis económica pospandemia arrojará 11.5 millones de nuevos desempleados en América Latina y el Caribe. En la edición 22 del informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (covid-19)”, la Cepal y la OIT consideraron que para la reactivación segura y saludable de la producción y del empleo se deben priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo. El informe realizado en mayo de 2020 fue presentado, de manera simultánea, en Santiago de Chile y en Lima, Perú, mediante una conferencia de prensa virtual encabezada por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el director regional de la OIT para América Latina y El Caribe, Vinícus Pinheiro. El estudio explora también las políticas implementadas por los países de la región para proteger el empleo formal, cautelar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la economía formal e informal, y proteger al sector productivo. [embed]https://www.proceso.com.mx/630967/trump-asegura-que-tiene-rodeado-a-maduro-y-que-algo-pasara-en-venezuela[/embed] “La implementación de las políticas para la reactivación requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo. Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento, y deben incluir buenas prácticas como la puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, y un protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas”, indicó. De prolongarse la crisis por más tiempo será necesario una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar el impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al covid-19. Ambos funcionarios señalaron que la crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes con el fin de ir hacia una “normalidad mejor”. “Las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una ‘nueva normalidad’ similar a la anterior, sino a una ‘normalidad mejor’ con mayor formalidad, equidad y diálogo social”, indicaron Bárcena y Pinheiro. En materia de coyuntura, la Cepal y OIT exponen que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el sector formal, con la reducción de horas, caída de salarios, y despidos; con una baja del empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, y menor acceso a compensaciones de ingreso. https://youtu.be/Oqe2tKh1igU Asimismo, advirtieron que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables, igual que los sectores intensivos en mano de obra como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento, que han sido altamente afectados. Además, añadieron, las micro y pequeñas empresas concentran 46.6% del total del empleo en la región y tienen alto riesgo de experimentar quiebras. Según cálculos de la OIT, la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y las medidas de confinamiento provocan una pérdida de alrededor del 10.3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo, esto suponiendo una jornada de 40 horas semanales. La Cepal estimó que, para este año, la tasa de pobreza aumentaría hasta 4.4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2.6 puntos, con respecto a 2019. Esto implica, agregaron, que la pobreza alcanzaría entonces a 34.7% de la población latinoamericana (214.7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83.4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el 0.5% y el 6.0%. “Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. De allí que la Cepal ha propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esto supondría un gasto adicional del 2.1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020”, destacó.