CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el aumento de llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar, en el contexto del confinamiento por la pandemia de covid-19, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre las afectaciones a los programas de atención a las violencias contra las mujeres, por los recortes presupuestales anunciados en el decreto presidencial del pasado 23 de abril. A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresaron su preocupación por el incremento de 22.31% de las llamadas de emergencia al 911 en marzo --primer mes de contingencia sanitaria-- respecto de febrero pasado. En la carta, las organizaciones firmantes recordaron que la línea de emergencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró en marzo 115 mil 614 llamadas, lo que equivale a 155 cada hora, diariamente, y en el primer trimestre se abrieron 960 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres y niñas, de las cuales 240 fueron integradas como feminicidios. La misiva, fechada este miércoles, está firmada por Amnistía Internacional México, Equis Justicia para Mujeres, Fondo Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red Nacional de Refugios, Comunicación e Información de la Mujer, Luchadoras y Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Ante las advertencias formuladas por el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que el confinamiento ha incrementado la violencia contra las mujeres, las organizaciones reprobaron que no haya medidas extraordinarias para atender la contingencia, mucho menos cuando 69 de los refugios para mujeres están ocupados entre el 80% y 100% de su capacidad. De igual manera, consideraron preocupante que el pasado 3 de abril el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) suspendiera la entrega de fondos presupuestados para las Casas de Mujeres Indígenas (Camis), bajo el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”, explicación que para las organizaciones resulta “alarmante y que las violencias contra las mujeres también afectan en las regiones indígenas”. Ello, tomando en cuenta que desde 2019 “se ha reducido el presupuesto para programas sociales con enfoque de género”, entre los que se encuentran el de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, y el Programa para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, entre otros. Con esos antecedentes y en el contexto del decreto presidencial que incrementa las medidas de austeridad, las organizaciones solicitaron al presidente y a la secretaria de Gobernación una explicación respecto de las restricciones presupuestarias, y si en las medidas que se mantienen en pie “se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres”. Requirieron información sobre si entre los programas prioritarios que mantiene el gobierno de López Obrador, entre ellos la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” y el Tren Maya, se consideró el presupuesto para las instituciones que atienden la violencia de género, “para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aun después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre”. Las organizaciones firmantes pidieron que se les informe sobre “cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia”, así como detallar “el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria”. En conferencia de prensa virtual, Tania Renaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, y Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), coincidieron en la falta de una política pública transexenal dirigida a la protección de las mujeres, situación que se agrava con la contingencia sanitaria. Renaum Panszi explicó que ante la indefinición sobre las medidas para proteger a las mujeres se solicitó información puntual a López Obrador y a Sánchez Cordero, porque “si las llamadas de emergencia han aumentado, se tendrían que traducir en atenciones directas por parte de las fiscalías locales”. Recordó que en días pasados la propia Sánchez Cordero reconoció el incremento de la violencia de género, por lo que “queremos saber si hay dinero para atenderlo, por eso vamos a reunirnos con personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para que nos expliquen en qué se traduce el reconocimiento de la secretaria”. Ante la afirmación de López Obrador de que no se ha incrementado la violencia contra las mujeres durante el confinamiento, Renaum pidió al presidente “que dé a conocer sus fuentes, porque los números no mienten, y lo que informa el SESNSP es que hubo un incremento de las llamadas de emergencia por violencia familiar”. Wendy Figueroa resaltó que, pese a que la protección de mujeres fue incluida como una actividad prioritaria, 19% de las que están en refugios de la RNR fueron remitidas por instancias de gobiernos estatales y municipales, ante el argumento de que “no hay presupuesto para dar acompañamiento”. Sostuvo que las instituciones que están enviando a mujeres violentadas en el contexto de la contingencia sanitaria son centros de justicia de mujeres, ministerios públicos y del sector salud, porque “no están dando atención a las mujeres; en los hospitales se les dice que la prioridad es atender a pacientes con covid-19”. La defensora lamentó que en temas de protección a las mujeres “se advierte una falta de interés, sobre todo de gobiernos estatales y municipales; se nos dice que no tienen para gasolinas o compra de medicamentos”. Figueroa también reprobó el anuncio reciente que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que por las medidas de austeridad “tiene que recortar el recurso presupuestado en 2020 para Casas de Mujeres Indígenas, lo que evidencia que las mujeres no somos prioridad”. Tras considerar que los programas sociales “son más bien asistenciales, sin perspectiva de género”, la defensora puntualizó que no es válida “una política de austeridad si se afecta los programas para atender la violencia contra las mujeres”. Maïssa Hubert, de Equis, urgió a transparentar “los criterios para llegar a la decisión de recortar montos, y explicar qué programas se han visto afectados”. Al retomar el reciente informe que realizó su organización acerca de los servicios de protección a las mujeres, instrumentados por los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, Hubert destacó que entre 70 y 80% de éstos no contemplaron la atención de mujeres violentadas en el contexto del confinamiento por la emergencia sanitaria. Sobre las medidas de protección, subrayó: “Hemos detectado que los servicios se niegan a mujeres con antecedentes penales, a las usuarias de drogas o alcohol”. Hubert insistió en la ausencia de políticas públicas para garantizar la vida e integridad de las mujeres, y prueba de ello –dijo-- es la variación en las explicaciones sobre por qué son violentadas. “Primero se nos vendió la idea de que la violencia se constreñía al espacio privado, desde hace 20 años; cuando la violencia se incrementó afuera de las casas, se responsabilizó a las mujeres por salir a la calle y se militarizó el espacio público, lo que ha aumentado la violencia contra las mujeres. Vemos ahora más mujeres encarceladas y más mujeres torturadas sexualmente, todo a partir de la guerra contra las drogas”, finalizó la subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres.