CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de un año de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, persisten resistencias por parte de las fiscalías de los estados para “reconocer la magnitud” de las desapariciones en el país, admitió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Durante su participación en la mesa “México ante la crisis de personas desaparecidas”, del foro “Encuentro Latinoamericano 2020. Abramos Horizontes ante las Desapariciones”, el funcionario federal señaló que hay fiscalías reacias a reconocer “la magnitud de la desaparición”, y la divulgación de información, dijo, ha significado reclamos a la dependencia que encabeza. “El solo hecho de reconocer los números de fosas clandestinas, de cuerpos exhumados, ha causado reclamos de los gobiernos de los estados, por querer minimizar u ocultar el problema”, apuntó Encinas Rodríguez, sin especificar qué entidades están en esa condición. Tras sostener que en los próximos días dará a conocer la actualización de esos datos que, anticipó, generará “decepciones” ante la persistencia de las desapariciones, el subsecretario resaltó que más de 50% de las fosas clandestinas, localizadas desde que inició el actual gobierno y hasta el 31 de mayo, se concentran en Veracruz, Sonora, Colima y Guerrero, en tanto que más de 50% de los cuerpos exhumados se ubicaron en Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Encinas urgió a las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, a realizar las investigaciones relacionadas con las desapariciones de personas para que las familias de las víctimas alcancen justicia, porque “no basta hallazgos y buscar, sino que hagan su trabajo para conocer la verdad y se sancione a los responsables”. El exmandatario capitalino sostuvo que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ya se ha destinado a las comisiones locales de búsqueda 272 millones 800 mil pesos, de los 341 mil millones presupuestados, y es indispensable que “los estados asuman responsabilidad en estos hechos, pues no compete sólo al gobierno federal, ya que la mayor parte de las desapariciones forzada son cometidas por policías municipales y estatales”. Encinas fue cuestionado sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), luego de que la semana pasada su titular, Mara Gómez Pérez, informó de la reducción de 75% del presupuesto operativo, provocando la movilización de familiares de desaparecidos que instalaron un plantón en el zócalo capitalino. Luego de precisar que este jueves la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se entrevistará con los familiares de víctimas, el funcionario descalificó a Gómez Pérez y aseguró que las víctimas seguirán siendo atendidas. “Hubo una desafortunada declaración de su titular (de la CEAV), y lo digo porque no solamente no contó con los elementos suficientes que implican las reformas que hay en estos momentos en el presupuesto federal, sino el hecho puntual y concreto de que en ningún momento vamos a dejar de ejercer las funciones sustantivas de la Segob y de los órganos desconcentrados y de los órganos descentralizados”, recalcó. Y mencionó que, tal como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, “dentro de las prioridades que no se van a ver afectadas por los ajustes del presupuesto están las áreas vinculadas con derechos humanos; en el caso de la CEAV, no se verá afectada ni en sus recursos ni en sus actividades sustantivas”, finalizó.