La Corte ordena al Congreso regular el derecho de consulta de los pueblos indígenas

jueves, 11 de junio de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro). - A raíz de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Legislativo deberá consultar a todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país para posteriormente elaborar una Ley Nacional de Consulta Indígena, una deuda hacia los pueblos originarios pendiente desde 2001. El abogado zapoteco Carlos Morales, integrante del despacho Litigio Estratégico Indígena, basado en Oaxaca –que acompañó este caso de “omisión legislativa” desde 2017-- celebra la decisión de la SCJN, y advierte que vigilará que la nueva ley no sea una “simulación”, sino “un canal para que la voz genuina de los pueblos se escuche, que los pueblos indígenas tengan un mecanismo para decir si están de acuerdo con las afectaciones a sus territorios”. “Queremos una ley que regule todos los pasos de la consulta (libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe), no queremos que las comunidades combatan un megaproyecto cuando ya se aprobó y que la concesión se le otorgó”, sostiene el abogado en entrevista con Proceso. En su resolución, la SCJN reconoció que el Poder Legislativo tenía la obligación de legislar en materia de derechos indígenas desde la reforma constitucional de agosto de 2001, y que las personas indígenas tienen derecho a ser consultadas siempre que los poderes ejecutivos y legislativos emitan decisiones que les puedan afectar, ya sea una concesión, un permiso o un megaproyecto. El abogado recuerda que, en Oaxaca, desde hace décadas pulularon los megaproyectos sin consultar a los pueblos indígenas, desde el desplazamiento forzado de la comunidad chinanteca en 1972 por la instalación de la Presa Cerro de Oro, hasta los despojos derivados de las explotaciones mineras y de energía eólica actuales. “El riesgo de una ley mal hecha sería que sea una simulación de consulta; hay quien piensa que la consulta puede hacerse en una asamblea simplemente a mano alzada. “No, una consulta requiere un protocolo de consulta, insumos, información, pertinencia cultural, conocer el impacto ambiental, el social, y esto en las lenguas. Hay que ser muy vigilantes de que no haya coacción a las personas indígenas”, abunda. “Es posible que los poderes fácticos intervengan; pero yo creo que es muy difícil que puedan actuar sobre esta ley de consulta”, remata. Tras el acuerdo de la SJCN, el abogado subraya en una carcajada que el Congreso tiene ahora la tarea de “construir, en este periodo de sesiones, un protocolo de consulta para consultar sobre la ley de consulta”; en otras palabras: debe diseñar el procedimiento para preguntar a los 25.7 millones de personas que se autoadscriben como integrantes de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos en el país sobre la forma en la que quieren participar en la elaboración de la nueva ley. “No se puede uniformizar el proceso de consulta: tiene que establecerse diversos procesos de consulta para los diversos pueblos del país; ya sea a los hermanos rarámuris, wirikutas o zapotecos”, dice. Para ello, el abogado sugiere que el Congreso invite a expertos nacionales e internacionales para supervisar la consulta, como Victoria Tauli-Corpus, la indígena kankana-ey Igorot y relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas; Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. “Nosotros esperamos una ley del Congreso de la Unión que cumpla con los estándares internacionales”, abunda el zapoteco, quien celebra que, en el proyecto de resolución, la SCJN no solo se basó en la Constitución mexicana, sino también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que sienta un precedente para obligar el Estado mexicano en elaborar normas con base en los tratados internacionales que firmó. Este caso nació de la inconformidad de tres jóvenes oriundos de los Valles Centrales de Oaxaca, que el despacho acompañó en una demanda de amparo ante un juez federal en Oaxaca en 2017, el cual les concedió la razón. El año pasado, el Senado de la República se inconformó e interpuso un recurso de revisión, que fue trasladado a un tribunal colegiado de Cholula, en Puebla. Éste, a su vez, se declaró incompetente y pidió la opinión de la SCJN, que pasó el caso a la segunda sala.