CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La austeridad presupuestaria decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 23 de abril, impactó en 75% del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por lo que “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”. El organismo que  depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la contracción de 75% de su presupuesto de gasto corriente equivalente a 139.4 millones de pesos, “sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”. De los fondos restringidos, el 87.45% corresponden a los gastos de renta, agua, luz, telefonía y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV,  dependencia que no es propietaria de los inmuebles en los que opera -un edificio central y 32 en los estados-; los servicios con que cuenta son subcontratados en tanto que “gran parte de su personal fue contratado -desde el origen de la institución- de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”, estando en estas condiciones el 60% de los 388 empleados con que cuentan las oficinas centrales.. Aunado a ello, la CEAV heredó 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales “por montos millonarios”, que “consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones”. https://twitter.com/CEAVmex/status/1267931523807879169?s=20 En un comunicado, la dependencia detalló que debido al recorte, se incumplirá con “43 contratos por mil 219 millones de pesos, (lo que) muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado”. Por la falta de presupuesto operativo se perderá “el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras”; la reducción de la contratación de 30% de los asesores jurídicos impedirá el apoyo legal a mil 874 víctimas al año; no habrá atención a 7 mil 200 víctimas que mensualmente, de manera que “ no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica”, en tanto que no se podrá tramitar la entrega mensual de medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas. De acuerdo al organismo, “quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuáles se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre casos como Ayotzinapa, Guerra Sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros”. La contracción presupuestaria impactará en el desmantelamiento del área administrativa del RENAVI, que cada mes atiende en promedio 500 solicitudes; no se podrán canalizar ni dar seguimiento los 150 a 200 documentos de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, Fiscalía General de la República (FGR), comisiones locales de atención a víctimas, organismos internacionales, dependencias federales, entre otras,  que a diario recibe la Oficialía de Partes ante la falta de personal, ni tampoco se podrán atender solicitudes en materia de transparencia, “a causa de la desarticulación del área responsable”. La falta de personal, imposibilitará “tener control y vigilancia” del FAARI por lo que “se incumplirá las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno”, además de que no podrá concretarse “la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos”, señaló el organismo. Agregó que las restricciones económicas, impactarán en áreas como la Unidad de Género y Comunicación Social, lo que obligara a dejar sin ejecutar “los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral”, en tanto que se cancelará la estrategia de comunicación digital, “para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas”, dirigida a víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. El organismo se comprometió a continuar sus labores, “hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras” y puntualizó que “atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz”.