CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández presentó una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que faculta a las Fuerzas Armadas a ocuparse de la seguridad pública hasta el 2024. De acuerdo con la legisladora panista, la decisión del Ejecutivo “se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”. Para Laura Rojas es preocupante que el decreto presidencial “contradiga el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el secretario de Seguridad Pública debe ‘coordinarse’ con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”. También destacada en su controversia que “el principio de fiscalización es claro en exigir que el control de las Fuerzas Armadas que desempeñen tareas de seguridad pública debe ser llevada a cabo por ‘órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces’, (pero) el acuerdo deja la supervisión y control de las tareas de las Fuerzas Armadas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente”. Laura Rojas aclara que su intención con esta controversia constitucional “no es cuestionar la facultad del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”. El 11 de mayo pasado, López Obrador emitió un acuerdo presidencial mediante el que dispone de las fuerzas armadas de manera permanente para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta finales de marzo de 2024.  

Apoyan diputados del PRI y PRD

Las bancadas del PRI y PRD manifestaron su respaldo a la controversia presentada por la diputada panista. Mediante un boletín, el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro puntualizó que el acuerdo presidencial “podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país”. Considera también que “el objetivo de esta administración de pacificar al país, no puede pasar por encima de la Constitución ni las leyes, ni de los Tratados Internacionales de los que México es parte, ni de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ningún tipo contrapeso. Cualquier instrumento jurídico debe respetar el texto constitucional y la intención de los legisladores al incluir ese artículo quinto transitorio”. A su vez, la coordinadora de los legisladores perredistas, Verónica Juárez Piña, sostuvo que “la preocupación expresada por diversos sectores sociales, por la academia y por los partidos de oposición respecto a la militarización de la Guardia Nacional y del territorio nacional, se ven hoy reflejadas en esta controversia”.