La CNDH urge definir y regular el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública

domingo, 21 de junio de 2020 · 20:14
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al Congreso de la Unión a afinar las leyes secundarias que normarán la participación de las fuerzas armas en tareas de seguridad pública. En concreto, exhortó al poder legislativo a que detalle en la legislación secundaria correspondiente los términos de “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” en que deberá actuar el Ejército y la Marina. La CNDH destaca que, hasta el momento, dichos términos no han sido definidos, desarrollados y determinados en las leyes secundarias pertinentes. https://twitter.com/CNDH/status/1274765215750643713 Por lo que resaltó que “la falta de precisión para su aplicación operativa, da lugar a delicados vacíos jurídicos que pueden conducir a violaciones a derechos humanos por la falta de certeza jurídica en su aplicación, propiciando violaciones al derecho a la seguridad jurídica”. La CNDH consideró que el decreto presidencial emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo pasado es omiso en cuanto a los criterios bajo los cuales deberá darse la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. De acuerdo con el órgano que preside Rosario Piedra Ibarra, no se ha definido en una ley, bajo qué parámetros o criterios de excepcionalidad participarán las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, en qué casos o bajo qué circunstancias lo hará y qué instancia u órgano civil será la que fiscalice su actuación. Este fin de semana, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto enviado por el presidente López Obrador en el que establece que las fuerzas armadas podrán ser utilizadas en labores de seguridad pública hasta marzo del 2024. Dicha controversia fue apoyada por los grupos parlamentarios del PRI, Movimiento Ciudadano y PRD y descalificada por Morena que tachó de “espuria” a dicha controversia.

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