CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de desaparecidos que mantienen un plantón frente al Palacio Nacional sostuvieron que sus demandas no han sido atendidas, pues no han sido recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. A 20 días de que familiares de víctimas iniciaran su protesta, reprocharon al gobierno federal y al Senado de la República “estar jugando” con sus derechos, toda vez que hasta ahora no han sido contactados para participar en el proceso de relevo de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En un comunicado, señalaron que el viernes 19 “nos informaron desde la Secretaría de Gobernación que estaban en proceso de recepción de la renuncia” de quien ostentaba la titularidad de la CEAV, Mara Gómez, situación que quedó en entredicho luego de que a través de medios de comunicación se supo que “legisladores interrumpieron el proceso, pidiéndole a la titular que el Senado revise su caso”. Lamentaron que hasta ahora no han sido “contactadas para dicha revisión ni se ha anunciado públicamente un proceso al respecto”, lo que para ellas es “una irresponsable acción partidista, que deja de lado que el actuar de la titular de la CEAV ha incluso impedido la realización de labores de búsqueda de nuestros seres queridos”. Las integrantes del plantón recordaron al Senado que, de acuerdo a la Ley General de Víctimas (LGV), el nombramiento del titular de la CEAV debe someterse a una consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, respondiendo “al espíritu de la LGV y a la responsabilidad legal de atendernos a las víctimas conforme a dicha ley”. Tras puntualizar que de acuerdo a la legislación corresponde al presidente López Obrador solicitar la renuncia de Mara Gómez, las familias de las víctimas recordaron que la destitución no debe servir “como excusa” para retrasar el proceso de atención a lo establecido en la Ley General de Víctimas (LGV), por lo que no debe suspenderse el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). En ese sentido, recordaron que la LGV establece que el acceso al FAARI corre a cargo del Asesor Jurídico Federal y el encargado de administrar dicho fondo, por lo que la legislación “debe respetarse con la finalidad garantizar que no sirva como excusa este proceso para continuar retrasando la atención que establece la LGV”.