CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En total invisibilidad, personas con discapacidades diversas sufren un infierno en su casa, donde son víctimas de violencia física, sexual y psicológica, así como de negligencias, descuidos e insultos. Y la situación se agrava porque a menudo sus verdugos son las personas de las que dependen para vivir: padres, familiares políticos, padrastros, madrastras, tíos e incluso sus propias parejas, según una investigación de Human Rights Watch (HRW). El organismo indicó que no existen políticas destinadas a apoyar una vida independiente de las personas con discapacidades que así lo deseen, lo que condena a las víctimas –“particularmente aquellas que necesitan apoyo más intenso para realizar las tareas cotidianas y satisfacer sus necesidades básicas”-- a quedarse bajo el mismo techo que sus victimarios, seguir sus reglas y aguantar en silencio sus abusos. La investigación, basada en 38 entrevistas realizadas a víctimas en Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, muestra que el tema de la violencia contra las personas con discapacidades –completamente invisibilizado-- se suma a la situación de violencia generalizada en los hogares del país: se estima que 44% de las mujeres sufrieron agresiones por parte de su pareja y que hubo actos violentos contra adultos en una tercera parte de los hogares. En sus testimonios desgarradores, las personas con discapacidad, sea motora, sensorial, psicosocial o intelectual, lamentan no tener control sobre sus vidas. Uno permanece en cama todo el día, viendo televisión y haciendo sus necesidades en bolsas de plástico; otra es bañada sólo dos veces a la semana; uno más recibe golpes de su padre, y un cuarto dice que, sin consultarle, su familia utiliza el dinero de su pensión por discapacidad. Aparte, HRW observó que las personas con discapacidades que fueron víctimas de abusos y sufren aislamiento enfrentan “graves obstáculos” para acceder a la justicia, pues a veces ni siquiera pueden comunicarse con personas exteriores al hogar donde viven, y las posibilidades de presentar una denuncia son todavía más escasas; además, las leyes mexicanas contra la violencia familiar no necesariamente refieren a las personas con discapacidad. La organización detalló que más de siete millones de personas viven con alguna discapacidad en México, de las cuales 837 mil 428 reciben una pensión del gobierno federal, que se eleva a apenas mil 310 pesos mensuales, un monto muy insuficiente para que puedan vivir de manera independiente. HRW urgió el gobierno federal a aprovechar su revisión de las políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, para incluir a las personas con discapacidades, y le instó a garantizar que estas personas puedan “disfrutar de su derecho a vivir de manera independiente (…) esto significa que las personas con discapacidad deberían poder elegir dónde, cómo y con quiénes vivir, y no verse obligadas a aceptar arreglos de vida específicos, como vivir en instituciones o con familias u otros”. En lugar de idear políticas que favorezcan la independencia de las personas con discapacidad y les permitan separarse de sus agresores, los gobiernos estatales a menudo profundizan su dependencia hacia sus familias: en muchos casos asignan pensiones a éstas y les obligan a cuidar de la persona, so pena de ser perseguidos penalmente, apuntó. [embed]https://www.proceso.com.mx/633036/alistan-dos-mil-millones-de-dosis-de-posible-vacuna-contra-covid-19[/embed] De igual manera, observó que los refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y sus hijos no siempre son accesibles para mujeres con discapacidad, mientras que no existen refugios para hombres. “En México no existen datos sobre la violencia contra personas con discapacidad. Esta situación ha permanecido como un fenómeno invisible que rara vez recibe cobertura por parte de los medios de comunicación o los estudios de investigación”, planteó, luego de recordar que la Organización Mundial de la Salud identificó “altas tasas de violencia en la población de personas con discapacidad a nivel global”. Finalizó: “Las investigaciones determinaron que las personas con discapacidades psicosociales están expuestas a un riesgo mayor de violencia, a menudo debido a las dificultades interpersonales que pueden tener con otros”.