MADRID (apro).- Una nueva polémica política surgió en España por un protocolo del gobierno de la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), en el que se desaconsejaba --como parte de su estrategia para enfrentar la pandemia-- derivar a los ancianos con síntomas de coronavirus, de las residencias a los hospitales. En toda España, de los 27 mil 133 fallecidos por covid-19, 19 mil 404 son adultos mayores, es decir, 71% del total. De éstos, más de 6 mil se registran en la Comunidad de Madrid, la región que concentra más casos. Investigaciones periodísticas y acusaciones entre políticos dejan en evidencia que el Ejecutivo que encabeza la conservadora Díaz Ayuso desaconsejaba derivar a los ancianos con sintomatología, de las residencias a los hospitales, mientras ella y su partido (el PP) intentan dirigir la responsabilidad de esta gestión al gobierno central, que encabeza Pedro Sánchez. Precisamente al responder a algunas de estas acusaciones, el vicepresidente del gobierno central, Pablo Iglesias, abordó el tema en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el jueves 4. Señaló que “la señora (Isabel Díaz) Ayuso hizo probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas”, al ordenar que los ancianos con síntomas no fueran derivados a los hospitales. Iglesias leyó los oficios y comunicaciones en las que el consejero de Servicios Sociales del gobierno madrileño, Alberto Reyero (del partido Ciudadanos), dejaba en evidencia la falta de atención a los ancianos de los geriátricos. “Y ustedes tienen la desvergüenza de venir aquí a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso”, atajó Iglesias ante las acusaciones que el PP y Vox (partido de extrema derecha) intentaban dirigirle. El consejero consideró “inmoral y puede que hasta ilegal” la orden de Ayuso para que no se trasladase a los hospitales a los ancianos con síntomas de la enfermedad, y lamentó esas órdenes en contra de su criterio. Iglesias leyó la orden del gobierno de Pedro Sánchez al asumir el mando único, que dispone que las comunidades autónomas mantengan las competencias en la gestión de las residencias de ancianos. Pero “lo que hizo el gobierno de la comunidad de Madrid fue prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas y pudiendo intervenir las residencias privadas, el traslado de ancianos”, alegó el vicepresidente. Entre el 25 y 30 de marzo fallecieron mil 364 residentes en Madrid y sólo 13% fue trasladado previamente a un hospital, reveló el martes el diario digital Infolibre. “Enfermar en una residencia de Madrid entre mediados de marzo y mediados de abril disparó las posibilidades de perder la vida sin recibir asistencia hospitalaria”, recordó el medio este viernes, al hacer una revisión del escándalo. Sobre los criterios del protocolo, en los que se restringía al máximo la posibilidad de traslado de los enfermos de los geriátricos, se dispone que permanezcan en las residencias aquellos con nivel de dependencia o discapacidad intelectual. En medio de esta guerra política en la que Díaz Ayuso y el PP intentan por todos los medios responsabilizar al gobierno central por la situación, se publicaron unos mensajes enviados en marzo, y que adelantó el diario El País, donde el consejero Reyero advertía sobre la circunstancia que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. El lunes, en la sesión del pleno del parlamento autonómico, Reyero señaló que “no es ético y posiblemente no sea legal dejar sin atención médica a los ancianos de las residencias”. Sostuvo que pidió ayuda cuando en el país se registraban 6 mil muertes y que el gobierno de Ayuso no hizo caso. El 26 de marzo, Isabel Díaz Ayuso decidió quitarle estas competencias a Ciudadanos para transferirlas al consejero de Sanidad, Enrique Ruizo Escudero, del PP. La presidenta de la comunidad de Madrid planteó el cese de Reyero, pero el vicepresidente Ignacio Aguado frenó esas intenciones. En la sesión del pleno del pasado lunes, Reyero reveló que la Consejería de Sanidad dispuso que no se trasladara a los ancianos desde las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia, y confirmó así las publicaciones que se venían sucediendo sobre este hecho. “No es ético y posiblemente tampoco sea legal”, dijo Reyero, en referencia a que no se siguieron “criterios clínicos” en esa decisión, y se pronunció a favor de la constitución de una comisión investigadora sobre la gestión de las residencias de ancianos. Los correos que adelantó el diario El País son del consejero Alberto Reyero, en los que advertía al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, de la impotencia para contener el avance del virus. En dos correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero le decía a su compañero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”, y también que, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad, “incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”. El diario resalta que los correos dan muestra del aislamiento que ha sufrido durante la crisis sanitaria el consejero de Ciudadanos, y ponen en evidencia una prueba en la posible investigación política y judicial de lo sucedido en las residencias de Madrid, donde han muerto 6 mil 007 personas con covid-19 o síntomas de la enfermedad, entre el 8 de marzo y el martes 2 de junio. “Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal, y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas, por lo que sería necesario un apoyo sanitario por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, escribe Reyero a Escudero. La prensa afín al pensamiento conservador del Partido Popular destacó en sus informaciones del jueves por la tarde y este viernes, que el envío se hizo “por un error”. En la revista Proceso (edición 2273 del 24 de mayo) se publicó un amplio reportaje titulado “Jugoso negocio a costa de los ancianos”, donde se da cuenta que las residencias de ancianos en España se convirtieron en la zona cero de los muertos por la pandemia. El reportaje da cuenta que el 75% de las más de 5 mil residencias de ancianos en España son controladas por capital privado, principalmente por grandes y poderosos fondos de inversión, fortunas europeas y magnates españoles, entre ellos Florentino Pérez, presidente del grupo constructor ACS y también del equipo de futbol Real Madrid. Algunas de estas sociedades que poseen las residencias de ancianos son gestionadas en paraísos fiscales. Esto se produjo por el modelo de gestión de las residencias, que en la última década ha sido privatizada, sin embargo, los servicios para la atención de los ancianos son muy deficientes, porque en los propietarios –entre ellos la mayor administradora de fondos Blackrock-- prima el interés por obtener multimillonarios beneficios para engrosar sus inversiones.