En el caso Ayotzinapa 'las irregularidades tenían nombre y apellido”: CIDH
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las investigaciones del caso Ayotzinapa seguirán líneas que fueron descartadas durante la administración de Enrique Peña Nieto y que evidencian la intervención de altas esferas del Ejército, la policía y la política.
Esmeralda Arosemena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló en entrevista con +de 43 sobre la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar en las investigaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) y la unidad especial sobre los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“La situación fue de tal magnitud que lo que arroja es precisamente la intervención de altas autoridades del Ejército, de la política, de la policía y que amerita entonces retomar esas líneas de investigación que hoy ya están en la reorganización de esta unidad de la fiscalía… Ahora hay una identificación de que estas irregularidades tenían nombre y apellido, que fueron permitidas con nombre y apellido reconocidos”, afirma la comisionada Arosemena, relatora de la CIDH para Guatemala, México y Venezuela.
Señala que tiene que desarrollarse “un nivel de una línea de investigación de exactitud y precisión por parte de los expertos para lograr precisamente que el silencio se rompa y que podamos saber la real verdad”.
La comisionada indica que algunos integrantes del GIEI original y de la CIDH tuvieron acercamientos con el gobierno mexicano para llevar a cabo la reinstalación del GIEI, a solicitud de padres y madres de los normalistas, con fundamento en la medida cautelar 09/14 dictada por la CIDH para la determinación del paradero de los estudiantes y que continúa vigente.
Desde entonces, explica Arosemena, se llegó a un plan de trabajo para entablar comunicación con la FGR y se logró llegar al acuerdo anunciado los primeros días de mayo.
Los trabajos del GIEI durarán nueve meses, con posibilidad a extenderse, pero en los primeros tres meses tendrán que emitir un informe de su plan de trabajo.
El primer GIEI se creó por un acuerdo entre la CIDH, representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano en noviembre de 2014, a fin de proporcionar asistencia técnica para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, así como en las acciones para sancionar a los responsables.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto el GIEI emitió dos informes en los que se desmintió la llamada “verdad histórica” ofrecida por la entonces Procuraduría General de la República, que señalaba que los estudiantes habían sido llevados a un basurero en el municipio de Cocula y fueron quemados. Un acto que nadie vio y del que no hubo evidencia científica.
Señaló irregularidades en la investigación, como la alteración de evidencias por parte de Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien supuestamente encontró restos óseos de los normalistas en una diligencia realizada en el río San Juan, en Cocula.
El gobierno de Peña Nieto impidió a los integrantes del GIEI entrevistar a elementos del 27 Batallón de infantería del Ejército y que presenciaron los hechos.
Además, fueron blanco de espionaje a través de la instalación del software Pegasus en sus celulares, y el trabajo de los expertos fue desacreditado por funcionarios federales.
Más de 77 de las 142 personas detenidas por el caso Ayotzinapa han sido puestas en libertad, debido a que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, o por falta de evidencias o fallas en el debido proceso.
A casi seis años de los hechos y con tales vicios en el proceso, Arosemena habla de la importancia de reorganizar las investigaciones con objetivos más exactos para llegar a la verdad.
Indica que hay mucha información que puede conducir nuevamente a los investigadores a desarrollar “una línea muy clara de a dónde, a quién y cómo hacer la investigación que correspondiera para aclarar los hechos”, y que hay beneficios de ley para lograr que hablen quienes saben lo que realmente ocurrió.
“Hay muchas personas que tienen información, conocimiento de qué sucedió. Nosotros siempre establecimos como un punto para la investigación esto de la justicia premiada, que se le den algunos beneficios a personas implicadas que puedan dar los datos exactos de los sucesos y que ayuden de una manera importante a obtener la verdad. Eso es factible en los sistemas penales. En el derecho procesal penal hay esta figura precisamente para asegurarle al investigador alguna fórmula, algún camino de encontrar la verdad aun en circunstancias tan complejas y tan difíciles como las del caso Ayotzinapa.”
