CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de desaparecidos exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la destitución de la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, a quien acusan de insensible e incompetente. Hace una semana, Gómez Pérez dio a conocer el recorte de 75% del gasto operativo de la CEAV, con lo que anunció la imposibilidad de operar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) para atender a las víctimas, y la parálisis de la institución. Más tarde, tanto el presidente como los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, Olga Sánchez Cordero y Arturo Herrera, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostuvieron que las medidas de austeridad no afectarían a las víctimas. Ante la falta de certeza, el pasado jueves 4 familiares de desaparecidos de diversos estados del país se desplazaron a la capital para instalar un plantón frente a Palacio Nacional. Hasta ahora, distintos colectivos de víctimas han solicitado la intervención presidencial en tres diferentes cartas, que coinciden en solicitar la destitución de Gómez Pérez, a quien acusan de haber restringido las medidas de ayuda para familiares desde que tomó posesión, en diciembre del año pasado. [embed]https://www.proceso.com.mx/588235/austeridad-pega-a-la-ceav-deficit-de-54-mdp-recorte-de-48-plazas-reduccion-salarial[/embed] Entre los señalamientos contra la comisionada resalta la aseveración de que, en reuniones con familiares y colectivos de personas desaparecidas, les habría comentado que “se habían sacado la lotería” y que “las víctimas son unas interesadas” al exigir apoyos económicos y reparaciones de daño contemplados en la Ley General de Víctimas. En una de las cartas, firmada por 700 familiares de desaparecidos y 61 colectivos dedicados a la búsqueda de cuerpos y restos en fosas clandestinas, recibido por la Coordinación de Control, Gestión y Relaciones Públicas de la Secretaría de Gobernación, solicitaron la intervención del subsecretario Encinas Rodríguez, quien funge como presidente de la Junta de Gobierno de la CEAV para esclarecer la situación. “Existe una enorme confusión de si la emisión del comunicado (del 1 de junio de la CEAV) fue acordada con el subsecretario Encinas o cuál fue el motivo por el que la comisionada Mara Gómez publicó un documento tan alarmista, insensible, revictimizante para nosotras como víctimas”, subrayaron. De igual manera, señalaron que el comunicado del lunes 1, por el que Gómez Pérez habla de la “parálisis” de la CEAV, resultó “un acto de terrorismo psicológico y de violencia que alteró emocionalmente a las familias; un lenguaje frío y ajeno a las víctimas como el que siempre usa con nosotras, que no midió las consecuencias del dolor que causaba, sin conciencia ni empatía de los alcances de decirle a las personas, cuya estabilidad emocional por las pérdidas y ausencias de seres queridos es frágil, que la única institución creada con ellas, por ellas y para ellas, cerraría dejándolas en un mayor desamparo”. Tras solicitar de Encinas una “puntual e inmediata explicación” del comunicado emitido por Gómez Pérez, exigieron su remoción, porque en los seis meses que lleva al frente de la CEAV “no ha presentado oficialmente un programa de trabajo, ha incumplido sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (caso ABC entre otros), ha amenazado, revictimizado, suspendido derechos, sin marco legal y criminalizado a víctimas”. Solicitaron conocer el monto del FAARI y la manera en que se está manejando; el presupuesto de la CEAV y si hay fundamento legal para que su titular “amenace en un comunicado público que va a utilizar el Fondo de Atención a Víctimas para pagar el gasto corriente”, así como tener claridad de fideicomiso y el funcionamiento de la fiduciaria. Al recordar el compromiso presidencial con las víctimas, los centenares de firmantes pidieron a López Obrador “proteger, defender, respetar y garantizar derechos humanos, que se les otorgue el presupuesto y sin recortes por usted prometido, y remuevan titulares que no nos tratan con dignidad y respeto”. En otra carta, también recibida por la misma oficina de la presidencia y firmada por 48 familiares y 29 colectivos distintos, exigieron una reunión con el presidente López Obrador, con Sánchez Cordero y Encinas Rodríguez, “con la finalidad de hacer llegar de manera directa nuestras preocupaciones y exigencias, así como para generar acuerdos para el seguimiento de las medidas acordadas”. Luego de destacar que el Estado mexicano tiene dos emergencias, la humanitaria y la sanitaria, y “ninguna puede esperar”, los familiares de víctimas y los colectivos presentaron ocho propuestas para mejorar el funcionamiento de la CEAV, entre ellas, dos asesores jurídicos por colectivo; apego a la Ley General de Víctimas; evaluar la eficiencia del personal que atiende los 32 Centros de Atención Integral (CAI); acabar con los rezagos en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI); una conferencia semanal sobre la atención a la emergencia sanitaria; informe sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales contra la CEAV; reporte sobre las gestiones de la actual comisionada y su predecesor, así como la presentación de un plan de trabajo. En tanto, un grupo de 18 familiares de víctimas de desaparición y de la llamada “Guerra Sucia” resaltaron en otra carta que las promesas que hizo como presidente electo López Obrador, el 14 de septiembre de 2018, de estar al lado de las víctimas, “a la fecha siguen sin cumplirse por sus subordinados, principalmente la señora Gómez”. Desde que llegó la actual comisionada, agregó, “ha entorpecido la aplicación de la Ley, queriendo aplicar ‘nuevas’ disposiciones reglamentarias, suspendiendo y anulando desde diciembre de 2019 los apoyos de diferentes derechos y medidas que la Ley otorga a todas las víctimas directas e indirectas, y ahora trata de justificar todas sus ilegales decisiones amparándose en el decreto de austeridad del 23 de abril del año en curso”. El grupo recordó que las víctimas de la “guerra sucia” han luchado durante más de 40 años por verdad y justicia, por los sufrimientos que pasaron “cuando fueron sometidos a la más cruel tortura, por el maltrato físico y psicológico, los años perdidos en cárceles clandestinas y en los sótanos del Campo Militar No. 1, viviendo las más aberrantes situaciones, y eso en el mejor de los casos, porque a pesar de todo continuamos con vida para dar testimonio de esas acciones y exigir justicia”. Hubo compañeros suyos que “perdieron la vida y ni siquiera se les otorgó un entierro digno y el derecho de sus familias a cerrar esa herida, la cual sigue abierta al no poder recuperar aún sus restos y sin haber obtenido a la fecha ni verdad ni justicia ni mucho menos una digna reparación integral”. En la carta, las víctimas de la “guerra sucia” exigieron reparación integral, respeto a la Ley General de Víctimas, garantizar el recurso presupuestal para la CEAV, atención a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos internacionales, respeto a los derechos laborales de la CEAV y destitución de la titular.