CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH), pidió hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que aproveche su reunión con su homólogo estadunidense, Donald Trump, para manifestar el rechazo de México a las sanciones e intimidaciones contra integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI). Y es que el magnate ordenó tales medidas para impedir a la CPI que investigue sobre los crímenes perpetrados por el ejército de Estados Unidos en Afganistán y otros países. En una carta abierta dirigida al mandatario y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, Guevara recordó que México ratificó el Estatuto de Roma de la CPI en 2005 y ha sido un activo promotor del tribunal internacional desde esa fecha; apenas en septiembre pasado, subrayó, Ebrard refrendó ese compromiso a Chile Eboe-Osuji, presidente de la CPI. “Usted, señor presidente, se encuentra frente a una oportunidad invaluable para ser escuchado en el marco de su próximo encuentro con el presidente Donald Trump, sobre el indeclinable compromiso de su gobierno con la CPI y rechazar enérgicamente toda conducta del gobierno de Estados Unidos de América que pretenda socavar la integridad e imparcialidad de dicho tribunal e intimidar o amedrentar a su personal”, insistió el activista. Abundó: “De hacer un pronunciamiento de esa naturaleza, México dará un poderoso mensaje a la comunidad internacional de su repudio a las interferencias políticas de los Estados al máximo tribunal penal internacional, y se consignaría un mensaje para todas y todos los mexicanos que trabajan o puedan llegar a trabajar en la CPI, que el gobierno de México está dispuesto a protegerles y defenderles por acciones ilegales, ilegítimas e injustas de otros gobiernos”. El pasado 11 de junio, Trump publicó un decreto en el que dio luz verde a la instauración de sanciones económicas contra altos funcionarios del tribunal con sede en La Haya, para obligarles a abandonar sus investigaciones por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente perpetrados en Afganistán, un país que Washington invadió en 2001, con un balance de más de 150 mil muertos en 19 años. Entre los casos que la fiscal Fatou Bensouda pretende investigar figuran asesinatos extrajudiciales por parte de milicianos talibanes, pero también casos de tortura perpetrados por autoridades afganas y la CIA; la Casa Blanca tachó esta investigación de “ataque a nuestra soberanía nacional”.