CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los juicios de amparo contra la militarización de la seguridad pública continúan. En esta ocasión, la organización México Unido Contra la Delincuencia (
MUCD) presentó otros tres, en los que reclama que los elementos de la Guardia Nacional (GN) no son civiles y que los militares no tienen límites claros para realizar tareas de seguridad pública.
En un comunicado, MUCD señala que los casos demuestran que la militarización viola la ley y aumenta los riesgos de la población a sufrir violencia, y ofrecen una oportunidad para reorientar la estrategia de seguridad apostando por el fortalecimiento de policías y fiscalías.
El primer amparo, en contra de la Ley de Guardia Nacional, argumenta que la Ley no establece los mecanismos necesarios para garantizar que los elementos de ese cuerpo de seguridad sean civiles y que por lo tanto su composición actual viola la Constitución, los tratados internacionales y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto es relevante debido a que, por ejemplo, la GN es responsable de prevenir el delito y los militares no saben cómo hacerlo.
A su vez, el segundo amparo fue promovido para que los jueces determinen la constitucionalidad del #AcuerdoMilitarista por el que el presidente ordenó al Ejército llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024.
Ello, señala MUCD, porque la obligación de establecer límites claros a la participación del Ejército en estas tareas es del Congreso de la Unión, no del ejecutivo, y porque el acuerdo publicado no controla efectivamente su actuar.
“Sin estos límites, las Fuerzas Armadas pueden cometer abusos y arbitrariedades impunemente, así como negarnos información pública sobre sus acciones”.
El tercer amparo reclama la omisión del Congreso de la Unión para regular la participación del ejército y la marina en seguridad pública de manera que ésta sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, como se establece.
El amparo, establece que estas condiciones fueron ordenadas al Estado mexicano tanto por la CIDH como por la Reforma Constitucional de Guardia Nacional. Y sin regulación, el Congreso viola la ley y pone en peligro la seguridad de las personas.
“Como hemos señalado desde hace más de una década, en MUCD reiteramos nuestro compromiso por detener y gradualmente revertir la militarización de la seguridad pública”, señala.
Y agrega que para ello, buscan que se respete la ley y se destinen los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para lograr la profesionalización de policías y fiscalías en el corto plazo.
