Masacre de San Fernando: Tres gobiernos y aún no llega la justicia

lunes, 24 de agosto de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diez años de la masacre de 72 migrantes en un paraje de San Fernando, Tamaulipas, los familiares de las víctimas han lidiado con gobiernos de tres presidentes, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, conservando la misma exigencia: verdad, justica y reparación integral del daño. De las 72 familias, seis de origen guatemalteco y uno brasileño, acumulan a su angustia la incertidumbre sobre la identidad de los cuerpos que les fueron entregados entre noviembre de 2010 y marzo de 2011. Ante la falta de acciones concretas por parte de los gobiernos de México y Guatemala para esclarecer las identidades, las familias del país centroamericano, con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJDD), interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Derechos Humanos, en busca de que se exhumen los cuerpos sepultados y se realicen pruebas de ADN que cumplan con los estándares internacionales establecidos. “Nosotros exigimos la exhumación para saber si el gobierno mexicano envió los cuerpos de nuestros familiares, porque nosotros nos mantenemos con ese dolor y angustia de no saber si son ellos, porque cuando mandaron las cajas las mandaron selladas y nos prohibieron verlos cuando los trajeron”, alerta Guillermina Vera Sagastume, suegra de Nancy Mariela Pineda Laca, quien se ha encargado de sus nietos sin contar con respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a la que tienen derecho. “Yo les pido en nombre de los 72 que nos escuchen y que haya justicia, porque son diez años sin respuesta, diez años sin saber qué pasó, diez años que el gobierno mexicano no sabe si estos niños comen o estudian, si tienen un techo digno dónde vivir, no preguntan siquiera para reparar un poco el daño que hicieron”, reprocha en entrevista Vera de Sagastume. Agrega: “Yo les suplico a las autoridades mexicanas y a las de mi país porque no estoy para defender a las autoridades de mi país sino para exigir justicia, una investigación de 72 casos no creo que después de diez años no pudieran hacerlo”.

Incapacidad de México y Guatemala

Para Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la FJDD, resulta inconcebible que “los gobiernos de México y Guatemala, sean capaces de establecer acuerdos para detener el flujo migratorio, pero no hayan podido acordar las exhumaciones que dieran certeza a las familias de las víctimas de hechos tan terribles, como la masacre de San Fernando, y que por desgracia no fue la única agresión contra migrantes”. Es así que la FJDD decidió presentó el 8 de agosto pasado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos, “haciendo uso de la figura de la extraterritorialidad de la ley penal”, explica Rossmery Yax, abogada de la FJDD en Guatemala. Los delitos alegados son “delitos de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en caso de tentativa, los familiares han solicitado al Ministerio Público realizar una investigación al respecto; que se radique ese proceso aquí en Guatemala y que  se exhumen los cuerpos de sus familiares; se solicita que se designe a peritos de la Comisión Forense como sus peritos independientes y solicitan que se garantice la intervención de ellos en este proceso”, abunda la abogada. La Comisión Forense fue creada para identificar los restos de los 72 de San Fernando de 2010; los 193 encontrados en 47 fosas clandestinas nuevamente en San Fernando en 2011 y 49 torsos en 2012 en al borde de carretera en Cadereyta, Nuevo León en 2012. En su creación, se integraron peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como de colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de defensa de migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, entre ellas la FJDD.
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La decisión de las familias de Richard, Nancy y Efraín Pineda, de Magda Isabel Cifuentes, y de Luis Humberto y José David Girón, se deriva de una petición que hicieron a la Comisión Forense los familiares, seis de Guatemala una de El Salvador y una de Brasil, para revisar el proceso de identificación de quienes se dijo eran sus parientes, así como establecer las causas de muerte, porque sólo recibieron un certificado de defunción. Luego de que la Comisión Forense recomendara exhumar los cuerpos, entre marzo y mayo de 2014, los familiares solicitaron a la entonces PGR esclarecer las identificaciones, siendo “la vía natural para llevar a cabo las exhumaciones, las asistencias jurídicas internacionales”, agrega la abogada Yax al destacar que en El Salvador se pudo llevar a cabo la diligencia. De acuerdo con los testimonios de los familiares, cuando acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala a recoger los cuerpos, les prohibieron abrir los féretros, que estaban sellados, lo que “les generó dudas”. Les mostraron un “álbum de fotografías, pero no pudieron reconocer nada porque los rostros estaban desfigurados”; se les había tomado muestras genéticas, pero solamente una por familia, situación que no cumple con los estándares internacionales que fijan al menos dos perfiles genéticos por familia con fines de cotejo; en tanto que cada féretro fue custodiado por hombres vestidos de negro armados, desde que llegaron al aeropuerto de Guatemala hasta cada domicilio de los familiares. Yax cuenta que, en sus domicilios, los familiares intentaron abrir los féretros sin éxito, por lo que desde entonces tienen dudas fundadas de la identidad de los cuerpos a los que dieron sepultura, de ahí que “se acercaron a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y le remitió el caso a la Fundación y es partir del momento que lleva el caso”. La FJDD atiende 11 casos de los 72 migrantes ejecutados en San Fernando, seis de Guatemala, uno de Brasil, uno de El Salvador y tres de Honduras.

La identificación oficial de cuerpos y las dudas

Hasta ahora, oficialmente hay 63 cuerpos identificados, faltando nuevo por esclarecer, mientras que el expediente investigado por la Unidad de Migrantes de la Fiscalía General de la República está compuesto por 34 tomos, se mantiene abierto por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de arma, corrupción de menores y homicidio calificado. Por estos hechos hay 15 personas detenidas sin sentencia aún. En términos de reparación, Rossmery Yax resalta que por las 72 víctimas, la CEAV  las once familias que representa la FJDD “no se benefician de las medidas de asistencia y reparación, sólo algunos familiares de Guatemala se les dio apoyo para seguimiento de su caso y el año pasado para sus traslado a la ciudad de México para el seguimiento de la recomendación de 80/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”. En 2019, la CNDH presidida por Luis Raúl González Pérez, convocó a autoridades responsables de atender la recomendación a rendir cuentas ante los familiares de las 72 víctimas de San Fernando, convocatoria que este año, la presidenta Rosario Piedra Ibarra se negó, remitiéndose a la práctica tradicional del organismo de solicitar informes a las autoridades involucradas.
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Sin embargo, la FJDD realizó acercamientos con la Secretaría de Gobernación, con CEAV y la FGR, para llevar a cabo una reunión de seguimiento de los compromisos signados el año pasado. Ana Lorena Delgadillo explica que este año las familias llegan con cinco demandas básicas: la creación de un “nuevo modelo de investigación con perspectiva de derechos humanos”, en la que se tome en cuenta la macrocriminalidad “como factor determinante”, y para lo cual se conforme una comisión especializada con expertos independientes y equipo mixto multidisciplinario en la que participe la Segob. Se pide diseñar y aplicar políticas públicas que “garanticen la no repetición de las graves violaciones cometidas en el caso”; coordinarse con las autoridades de Brasil y Guatemala para la exhumación de los cuerpos, “con la participación de expertos independientes para la identificación de restos mortales”, de manera particular los restos identificados en 2010 por la Procuraduría del Estado de Tamaulipas. Asimismo, se demanda “garantizar el acceso a los derechos de las víctimas desde sus países de origen, tanto a medidas de atención y asistencia como reparación del daño de acuerdo a la Ley General de Víctimas”. Imposibilitada para movilizarse por la pandemia del covid-19, Guillermina Vera insiste, “en memoria de las familias de los 72 que agilicen los trámites para que haya justicia y se esclarezca la verdad; creen que por que nos mandaron esas cajas nosotros ya nos íbamos a quedar tranquilos, se equivoca el gobierno mexicano porque seguiremos en la lucha hasta que se esclarezca la verdad”.