CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la publicación de un video sobre el operativo militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que se advierte la orden de ejecutar a una persona que sobrevivió después de un enfrentamiento, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dejó en manos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, la encomienda de indagar si personal de la dependencia se excedió en el uso de la fuerza. Piedra Ibarra exhortó a Sandoval a que “se investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego” en el operativo mencionado, “en el que un civil fue abatido por miembros del Ejército mexicano tras ser reconocido como persona herida”.

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La Sedena investiga a 24 militares por ataque a civiles en Nuevo Laredo En un pronunciamiento, la presidenta de la CNDH consideró que el “videoclip grabado por los propios soldados” pondría en evidencia que los militares “habrían entregado información falsa en el relato de los hechos”. La ombudsperson destacó que, de acuerdo con el informe oficial, los militares indicaron que “derivado del enfrentamiento no encontraron sobrevivientes”, resultando 12 fallecidos, situación que es contraria a lo observado en el video, donde “se puede escuchar que tras la revisión del lugar los militares confirmaron al menos una persona con vida”. Para la presidenta de la CNDH, las acciones reveladas en el video “representarían una flagrante violación al Manual de Uso de la Fuerza, que es común para la Sedena y la Semar (Secretaría de Marina), y una grave violación a los derechos humanos, además de posiblemente constituir una ejecución extrajudicial, lo que se contrapone con nuestra Constitución y con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y de Uso de Armas de Fuego que ha signado México”. Al comprometerse a “permanecer cercana a las víctimas y vigilante del actuar de las autoridades”, Piedra Ibarra reconoció “el papel trascendental de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad y la búsqueda de paz en el país, pero reprobamos el uso excesivo de la fuerza, y sobre todo solicitamos una investigación pronta, expedita y trasparente de lo ocurrido”. El comunicado de Piedra Ibarra omite señalar que el 9 de julio el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CHDNL) le remitió una queja por la presunta ejecución extrajudicial de Damián Genovés Tercero, uno de los tres civiles que se encontraba secuestrado, a manos de presuntos integrantes del crimen organizado. El 21 de ese mes, la organización le envió una segunda queja, relacionada con la muerte de Arturo Rubén Garza Navarro, la segunda víctima presuntamente ejecutada y quien estaba amarrada de pies y manos. Amnistía Internacional condenó el “uso excesivo de la fuerza” de elementos de la Sedena, y urgió a la Fiscalía General de la República (FGR), no a la Sedena, “a investigar los hechos con apego a los estándares más altos de derechos humanos y conducirse de forma imparcial e independiente, sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas”. En su cuenta de Twitter, la organización internacional recordó que, a 10 años de las ejecuciones de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, el 19 de marzo de 2010, “vemos con preocupación que la parte militar continúa operando de la misma forma, siendo ésta el principal soporte de seguridad del país”. Amnistía Internacional resaltó que lleva años documentando “el uso excesivo de la fuerza y señalando que ésta debe ser utilizada únicamente cuando sea estrictamente necesario en la menor proporción posible, y se debe cesar cuanto antes”.