El abogado Juan Collado es acusado por la FGR de defraudación fiscal por 36 mdp

domingo, 30 de agosto de 2020 · 18:53
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Juan Collado Mocelo, abogado de personajes como Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2015. Según la Fiscalía, Collado Mocelo dejó de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus ingresos en ese año, lo que habría ocasionado un fraude fiscal por el citado. Este domingo se realizó la audiencia en el Reclusorio Norte ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, en la cual el abogado defensor José Xavier López García solicitó la duplicidad del término constitucional para aportar datos de prueba y encontrar posibilidades de resolver si se le vincula o no a proceso. “El Ministerio Público nos dio a conocer los hechos por los que está siendo investigado, es un tema fiscal, en la siguiente audiencia nosotros tendremos oportunidad de poder esclarecer cómo es que nosotros consideramos que no hay un delito o si hubo alguna falta de pago o no”, dijo el litigante al salir de la audiencia. Ante este nuevo cargo, hasta el viernes 4 de septiembre se resolverá la situación jurídica de Juan Collado. Mientras tanto, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto continuará en prisión preventiva de oficio en el Reclusorio Norte luego de que el año pasado fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero. Desde el pasado 9 de julio de 2019, Collado fue detenido en Ciudad de México por elementos de la FGR por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es señalado por la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, por 156 millones de pesos, y otro con movimientos irregulares en una cuenta de Andorra por 76.5 millones de euros.

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