CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de hablar de nueva cuenta sobre las implicaciones económicas del etiquetado frontal establecido en la NOM-051, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aprovechó el tema para referirse a la desaparición del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) que decidió, entre 2015 y 2018, las políticas públicas para prevenir una mala alimentación pero formada por quienes la promovían. “Fue un instrumento, en la forma de un grupo colegiado, que representaría distintas perspectivas de organizaciones de la sociedad. Característicamente este observatorio tenía en su composición más del 60% de representantes de la Industria Alimentaria de manera directa o a través de cámaras o asociaciones empresariales de la industria alimentaria”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19. “¿Entonces quién decidía de 2015 a 2018 sobre las políticas públicas relacionadas con la prevención de una mala alimentación? –inquirió y respondió--. Eran los actores de la industria alimentaria y, destacadamente, corporaciones de importante participación en la epidemia de obesidad y en el mercado de los productos industrializados, ultraprocesados y procesados, sobre todo los líquidos. Recordó que este observatorio quedó disuelto, sencillamente, porque el acuerdo que lo constituía tenía vigencia hasta el final del sexenio pasado, y no se tenía ningún interés en mantenerlo, renovarlo, reactivarlo o utilizarlo porque se sabía, perfectamente, desde antes de la entrada de este gobierno, “que este había sido un instrumento de distracción, de retardo en la implantación de políticas públicas científicas como las que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las que siguen muchos otros países que han tenido éxito en el control y en la prevención de la enfermedad crónica”, añadió. En ese sentido, se refirió al Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública de los Estados (AFASPE) que es un acuerdo de ejecución de los recursos para la salud pública de los estados, creado en 2009 y que ha ayudado muchísimo para dar certidumbre y transparencia a la fiscalización de los recursos. https://www.proceso.com.mx/647514/hablando-de-formulas-magicas-lopez-gatell-ironiza-sobre-propuesta-de-exsecretarios-de-salud “Es un contrato que se firma todos los años y cuando existía el Seguro Popular se involucraba el contrato hacia el Seguro Popular para que los recursos para los programas de Salud Pública fueran identificados con claridad en sus metas, sus objetivos, las intervenciones y el gasto y los mecanismos de comprobación del gasto”, explicó. Aseguró que sigue vigente y lo calificó como un buen instrumento que, en la actualidad, a diez años de su existencia y ahora que ya no existe el Seguro Popular, se está revisando cuál es el mejor modo de incorporar la relación que hoy tiene el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con las entidades federativas y se buscará que los mecanismos de transferencia de recursos sean mucho más estrictos, mucho más rigurosos de lo que fueron en el pasado, para permitir usar el dinero específicamente para lo que está contemplado y no para otros gastos a veces accesorios o suntuarios que no tienen que ver con las opciones de salud pública. “El propio mecanismo AFASPE tiene sus reglas de fiscalización, se publica en internet, está disponible en páginas institucionales, en tiempo real es revisado por la Auditoría Superior de la Federación, a los Órganos de Fiscalización de los Congresos estatales, a la Secretaría de la Función Pública a través de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Salud y de la comisaria para el Sector Salud. “Y generalmente un año inmediato posterior al uso del dinero se hacen revisiones de la cuenta, se hacen conciliaciones y donde hay inconsistencias se procede. En los diez años de la historia de la AFASPE ha habido, incluso, demandas penales, o denuncias penales en contra de autoridades estatales cuando han incumplido en la demostración del gasto para los propósitos que fueron establecidos”, destacó.

Etiquetado frontal

Respecto a las implicaciones económicas del etiquetado frontal, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad. Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, se refirió al vínculo inexorable entre la salud y la economía, porque representan dos pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar social. “De hecho, no se podría explicar el bienestar social si no se tiene salud y tampoco se podría explicar si no hubiese desarrollo económico. Y precisamente, en la NOM-051 que se refiere al etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados. En esa norma, precisamente confluyen la parte sanitaria y la parte comercial y creo que, por eso, resulta tan relevante la norma considerando ambos elementos porque su ejecución, su mandato, lo que vigila y, de lo que tutela, tiene esos dos componentes, la parte sanitaria y la parte económica”, añadió. Recordó que en noviembre de 2016, hace cuatro años, el gobierno de entonces hizo una declaratoria por una emergencia epidemiológica, en la que hizo un llamado para que todas las dependencias federales y las autoridades de los tres niveles de gobierno pusieran en marcha acciones para prevenir y  controlar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, pero no fue sino hasta agosto del año pasado que esta administración tomó con seriedad los trabajos para tener un etiquetado frontal de emergencia, celebró.