CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos semanas de que colectivos feministas ocuparon las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de otros organismos estatales, 37 familiares de víctimas de feminicidio, junto con organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), manifestaron su solidaridad con esas movilizaciones y exigieron atención “prioritaria y eficaz” a sus demandas. En un pronunciamiento, resaltaron que “las tomas expresan el hartazgo e indignación por la falta de acceso a la justicia y por la no respuesta eficaz ante la violencia feminicida en México (…) las acciones emprendidas reflejan el nivel de desatención que esta problemática tiene a nivel comunitario, municipal, estatal y federal”. Apuntaron que a la falta de respuesta institucional “se suma la omisión de las comisiones de derechos humanos, las cuales en muchas ocasiones repiten el actuar de las autoridades a quienes tendrían que observar”. Las firmantes, madres y padres de víctimas de feminicidio y decenas de organizaciones de 23 estados que conforman el OCNF, consideraron grave la falta de atención “estructural” para un problema que en los últimos siete meses ha cobrado la vida de 2 mil 223 mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Al advertir que, de la cifra de asesinatos de mujeres mencionadas, sólo 549 casos son investigados como feminicidios (24.6%), agregaron que de enero a julio datos oficiales indican que se cometieron 30 mil 612 delitos sexuales, entre ellos violación sexual. “La atención a la violencia contra las mujeres es impostergable y la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no debe ser considerado por las autoridades --y mucho menos por las comisiones de derechos humanos-- como un problema de seguridad pública, sino que debe ser atendido para erradicar la desigualdad y discriminación que viven mujeres a lo largo y ancho del país, y que hoy por hoy acaba con la vida de al menos 10 mujeres al día”, apuntaron. Nota relacionada: Feministas toman instalaciones de la CNDH y de comisión estatal en Guerrero Lo que impera, señalaron, es “la falta de atención en las fiscalías, el poco avance en los procesos de investigación, el no juzgar con perspectiva de género la impunidad en la mayoría de los casos, la protección --incluso de los propios delincuentes-- y la nula sanción a las/os servidores públicos que revictimizan a las familias y a las víctimas”, situaciones que alimentan “el dolor y la indignación a nivel nacional”. Ese escenario se agravó con la pandemia de covid-19, que se convirtió en “otro factor que ha impedido que las instituciones y organismos cumplan con su obligación de garantizar la atención y la sanción, postergando el acceso a la justicia, incrementando la zozobra y generando un retroceso con interminables impactos negativos en las víctimas, sobrevivientes y sus familias”. Asimismo, exigieron a autoridades y comisiones de derechos humanos dar respuesta a las demandas de los familiares de las víctimas de violencia feminicida y a defensoras de los derechos humanos, así como “reconocer y dimensionar la violencia que vivimos las mujeres y su agudización debido a la pandemia”; ofrecer soluciones, con la participación de familiares y organizaciones, y “que atiendan estructuralmente la problemática”. De igual manera, sugirieron que se agilicen las investigaciones de violencia de género “para evitar la falta de acceso a la justicia, y que sean las comisiones de derechos humanos observadoras e impulsoras del cese de la impunidad”. Que tanto las autoridades como organismos públicos de derechos humanos “generen y contribuyan a la realización de medidas efectivas para la no repetición, y entre ellas se incluya la sanción a las autoridades que reproducen la violencia de género”, así como garantizar recursos para atender la problemática, que ayude a “prevenir y disminuir la violencia”, y que “exista rendición de cuentas para que su uso sea transparente”. Nota relacionada: Protestas en CNDH, “la historia de décadas de no acceder a la justicia”: Amnistía Internacional Los familiares de las víctimas y las organizaciones que forman parte del OCNF demandaron la participación de los municipios, a fin de que se coordinen con los gobiernos estatal y federal para evitar la violencia feminicida. Finalmente, urgieron a todos los órganos del Estado asumir su responsabilidad para acabar con la violencia contra las mujeres, “y junto con las familias sobrevivientes, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, se actúe para crear la vacuna contra la pandemia que por años ha acabado con la vida e integridad de las mujeres mexicanas”.