Más recursos en materia de seguridad, exigen alcaldes y gobernadores

lunes, 21 de septiembre de 2020 · 22:03
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto de presupuesto prevé una reducción e incluso la eliminación de algunos apoyos federales para la seguridad de estados y municipios, por lo que gobernadores, alcaldes y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno federal para restituir y, en todo caso, aumentar los recursos en materia de seguridad. Consideraron “particularmente grave” la desaparición de Fortaseg, ya que no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto para el próximo año, lo que significa que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil millones de pesos para acciones en materia de seguridad. En un oficio dirigido a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los inconformes destacan que los programas que resultarían afectados son: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y la Ciudad de México, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg). Los gobernadores firmantes son: Diego Sinhue, de Guanajuato; Enrique Alfaro, Jalisco; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; Jaime Rodríguez, Nuevo León; José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; Martín Orozco, Aguascalientes, y Silvano Aureoles, de Michoacán, además de tres decenas de alcaldes. En el documento enviado a los legisladores señalan que dichos fondos constituyen las principales fuentes de financiamiento para apoyar a estados y municipios a realizar labores de seguridad a nivel local, profesionalizar a las policías, pagar salarios, mantener los centros de llamadas de emergencia y adquirir insumos, tales como chalecos, armas o uniformes. Además, sirve para efectuar programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer y búsqueda de personas desaparecidas. En lo que se refiere al FASP, principal fondo en materia de seguridad para los gobiernos estatales, mantiene sus recursos en términos reales, mientras que el Fortamun se reduce en 4.6%. “Particularmente grave es la desaparición de Fortaseg, ya que no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Esto significa que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil millones de pesos para llevar acciones en materia de seguridad”. Ello, a pesar de que estos fondos ya habían tenido reducciones presupuestales previamente, de acuerdo con el texto. “Esta decisión no ayuda a ningún cuerpo de seguridad en el país. Es evidente que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Guardia Nacional no pueden cumplir sus objetivos sin el apoyo de las policías estatales y municipales, que con los recortes a sus presupuestos se mantienen subsistiendo en la precariedad”, apunta. Además, señala, no se puede dejar de lado el quinto transitorio del decreto de reforma constitucional en lo que respecta a la Guardia Nacional, que dice que las FFAA deberán dejar las tareas de seguridad pública en 2024. “Esto no será posible si no somos capaces de fortalecer a las policías civiles. Por ello, hacemos un urgente y respetuoso exhorto a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso para que se restituya el Fortaseg y aumenten los indispensables apoyos a las policías locales del país”, concluye la carta firmada por un centenar de personas. Los alcaldes firmantes son: César Garza Villarreal, de Apodaca, Nuevo León, y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm); Enrique Vargas del Villar, de Huixquilucan, Estado de México, y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac); María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua, y presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm); Salvador Zamora, de Tlajomulco, Estado de México, coordinador de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano; Alma Laura Amparán Cruz, de Altamira, Tamaulipas; Carlos Alberto Guevara Garza, de García, Nuevo León; Carlos Rafael Ulivarri López, Río Bravo, Tamaulipas; y Oscar Enrique Rivas Cuellar, alcalde de Nuevo Laredo. También firman 50 organizaciones de la sociedad civil, entre otras 400 personas.