CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos hicieron un extrañamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que anunció el reinicio del Proyecto Integral Morelos (PIM), pese a que subsisten amparos contra la mega obra pendientes de resolver. En un pronunciamiento, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) –integrada por 86 organizaciones defensoras de derechos humanos en 23 estados de la República--, junto con Frontline Defenders y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), resaltaron que las declaraciones del mandatario durante la conferencia matutina del pasado jueves 10 incrementaron el riesgo y hostigamiento contra opositores al megaproyecto, quienes que se encuentran en el Plantón Zapatista ubicado en el Campamento Apatlaco.

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AMLO anuncia reinicio de obras de la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos El reinicio de la mega obra, bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue respaldado por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sostuvo que “no existe ninguna suspensión vigente y jurídicamente están resueltos todos los amparos”, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo, dio todos los permisos necesarios a la empresa productiva del Estado. En la misma conferencia, la directora del Banco del Bienestar, Diana Álvarez, agregó que “existieron varios acercamientos con los ejidatarios, después de la consulta ciudadana de 2019”. Un ejercicio que estuvo marcado pro el asesinato del opositor a la obra, Samir Flores, y fue calificada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) como “una consulta discriminatoria, ilegal y denigrante por la forma en que se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”. Red TDT, Frontline Defenders y CIEDH recordaron que sigue pendiente el cumplimiento de la recomendación 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se alerta sobre los riesgos que tiene la construcción del gasoducto en la zona volcánica, además de que definía las características que debería tener la consulta ciudadana, mismas que no se acataron en el ejercicio de 2019. El FPDTA-MPT, subrayaron, ha promovido 17 amparos contra la obra, de los cuales sólo uno se ha resuelto de manera definitiva, “estando vigentes ocho suspensiones y una sentencia de amparo sobre consulta previa que se está ejecutando”. Agregaron que los amparos a los que se refirió Sánchez Cordero “sólo representan dos de ocho suspensiones que se resolvieron de manera muy cuestionable”, y detallaron que hasta ahora “los ejidos de Moyotepec, Tenextepango, Abelardo L. Rodríguez, Lorenzo Vázquez y Valle de Vázquez, cuentan con suspensiones que impiden el uso de agua para la Termoeléctrica”, en tanto que “Huexca cuenta con una suspensión que impide la descarga de las aguas de la purga de la termoeléctrica”. Otros amparos ganados por las comunidades benefician a Amalcingo, “que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos”; Atlixco ganó otro sobre el mismo Gasoducto Morelos, “ordenando que se realice una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada, misma que no ha concluido”, en tanto que se declaró el sobreseimiento del amparo de San Juan Ahuehueyo, lo que para las organizaciones fue “cuestionable” porque el perito del órgano judicial provenía de Conagua, la autoridad reclamada. Las organizaciones sociales destacaron que tras las declaraciones del presidente “hay un incremento en las acciones de acoso, amenaza y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio contra las distintas obras del PIM”, situaciones que “ocurren en el marco de impunidad y falta de acceso a la justicia”. En tal sentido, urgieron a las autoridades “para que garanticen el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que México es el segundo país más peligroso para defender los derechos de los pueblos indígenas de proyectos empresariales en América Latina, con 49 ataques desde 2015”, de acuerdo con documentación del CIEDH. Para las organizaciones, las declaraciones públicas “imprecisas y falta de acceso a la justicia potencian la criminalización, hostigamiento y agresiones en contra de las personas defensoras de las comunidades y propician condiciones para la polarización social y el rompimiento del tejido comunitario”. Tras resaltar el escenario de riesgo en el que se encuentran las personas defensoras, y las afectaciones a los pueblos nahuas y medio ambiente, llamaron a las autoridades federales, estatales y municipales a proteger a los activistas ambientales, y que “no se ignore, subestime u oculte información sobre el proceso jurídico de los amparos existentes, pero especialmente se escuche y atienda a las comunidades afectadas”. En su pronunciamiento, las organizaciones que integran la Red TDT, así como Frontline Defenders y el CIEDH, solicitaron a las autoridades e instancias responsables del PIM abrir un diálogo con el FPDTA-MPT; aclarar la situación jurídica del megaproyecto; que se garantice “el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas”; dar garantías de seguridad a quienes están en el campamento de Apatlaco y de quienes integran el FPDTA-MPT, y evitar el desalojo.