CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por fin, después de un largo recorrido por el laberíntico camino de la justicia, la defensa de Rosario Robles encontró una rendija legal para lograr que la exfuncionaria pueda enfrentar en libertad el proceso penal iniciado en su contra por el quebranto de cinco mil 73 millones de pesos en las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado. Todo dependerá de lo que resuelva un juez de Amparo en noviembre próximo a más tardar, según declaró a Radio Fórmula, el abogado Epigmenio Mendieta. La audiencia para determinar si la exfuncionaria deja o no de prisión, añadió, se realizará el 9 de octubre, pero es posible que el juez se pueda tomar otros días, unos 30 aproximadamente, lo que implica que Rosario Robles podría salir de prisión a principios de noviembre y enfrentar en libertad su proceso. Mendieta confirmó que el 23 de septiembre le fue otorgada la suspensión definitiva a Robles Berlanga contra la prisión preventiva que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la llamada Estafa Maestra.

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Sin embargo, aclaró que ello no implica aún que la exfuncionaria pueda salir del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y enfrentar su caso en libertad. Explicó que la suspensión fue dada en dos términos. “Nos dicen que, por lo que es a la libertad personal de Rosario Robles, nos dan la suspensión provisional. Eso significa que la libertad personal de Rosario queda a disposición del juez de amparo, él podría decidir lo que corresponda respecto de la libertad de Rosario”, aclaró. Y es que la juez María Dolores Núñez Solorio no le otorgó la suspensión en relación con el proceso legislativo del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establece que, cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años. “Nos dice la juez: ‘Tú impugnas el proceso legislativo del 166. Esta iniciativa ya tuvo sus efectos, no te lo puedo suspender, porque es una ley vigente que ya te aplicaron”, comentó. De acuerdo con el litigante, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 21 años contra su clienta.