CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes de los municipios de Chocolá, Mérida e Izamal, en Yucatán, consiguieron una suspensión provisional de las obras del Tren Maya, hasta que la justicia determine si el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumplieron con sus obligaciones de informar a la población sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

De acuerdo con las organizaciones Kanan y la asamblea Múuch’ Xíinbal, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión provisional del proyecto, “para efectos de que las autoridades se abstengan de ejecutar obras nuevas en los municipios donde habitan las quejosas”.

En un boletín difundido hoy, las dos organizaciones exigieron a las instancias federales “cumplir con las resoluciones judiciales”, en eco a los amparos que la justicia concedió a opositores al Tren Maya en el pasado y que el Fonatur ignoró.

Según Kanan y Múuch’ Xíinbal, habitantes de la Península de Yucatán promovieron un amparo en julio de 2020, mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) elaboraba la MIA para los primeros tramos del megaproyecto más importante de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; de manera específica, reclamaron la falta de información durante la consulta pública de la MIA.

La MIA fue aprobada el pasado 30 de noviembre, meses después del arranque formal de las obras del Tren Maya, tomando en cuenta que, según el Fonatur, el proyecto es una renovación de vías de ferrocarril existentes, y por lo anterior no necesita de una MIA integral.